Tepeji del Río, Hidalgo., 25 de marzo. Desde lo alto de una loma, divisando cómo los otrora terrenos de cultivo van transformándose en una moderna Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH), se le preguntó a Sergio Cabrera Torres,presidente del comisariado del ejido Melchor Ocampo: si usted quiere vender su tierra, si los ejidatarios que no lo han hecho también quieren venderla, entonces, ¿por qué pelean?

Cabrera Torres contestó lacónico: por acatar la ley agraria que tengo la obligación de hacer cumplir como comisariado, por el estado de derecho y por nuestros derechos y los de nuestros hijos.

Subraya que quisiera vender, “pero a un precio justo, no como les han pagado –migajas– a aquellos ejidatarios que vendieron, ya se acabaron el dinero y ahora están arrepentidos de haberlo hecho. vendido sus tierras”.

El paisaje rural, antes dominado por mezquites, magueyes y cactáceas delimitando las parcelas de cultivo, deja paso a planchas de concreto, vialidades de cuatro carriles, espuelas de ferrocarril, aduana y bodegas, que construyen –con un año de retraso respecto del proyecto original– Hutchinson Ports Mexico (HPM), filial de la trasnacional china Hutchinson Port Holding –con sede en Hong Kong– y el Grupo Ejecutivo Industrial del Altiplano (GEIA).

De acuerdo con información de Hutchinson –una de las principales empresas del ramo a escala mundial– en medios locales y nacionales, la inversión para la TILH o Puerto Seco sería de unos 200 millones de dólares.

Cabrera asevera que durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong –actualmente secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– se habrían cometido diversas anomalías en la adquisición y expropiación de casi 200 hectáreas de tierras del ejido Melchor Ocampo, antes El Salto.

Esas tierras fueron adquiridas –en nombre del gobierno del estado, afirma Cabrera– por Luz María Rodríguez León, quien fue cajera de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Hidalgo en el periodo pasado. Después, el gobierno de Osorio le expropió a ella las tierras, mediante tres decretos, por causa de utilidad pública para la creación de un fideicomiso que las destinará a la construcción de la Zona de Actividades Logística de Hidalgo, y le pagó como indemnización el mismo monto que ella dio a los ejidatarios: 1.5 millones de pesos por hectárea, es decir, unos 300 millones de pesos, señala.

Rodríguez León compró las tierras ilegalmente porque no cumplía los requisitos para adquirir tierras ejidales que marca la ley, pues las adquirió en febrero de 2008 y el propio Registro Agrario Nacional dice que liberó la clave de dominio pleno en noviembre de 2009, afirma Cabrera.

Otro tema, comenta, es pedir al juez que investigue si la señora Rodríguez León tenía legítimamente esa cantidad de dinero... Nadie conoce que sea una gente acaudalada, apuntó.

Añade que ningún ejidatario supo que estaba vendiendo sus tierras a la señora Luz María, porque ella nunca apareció. Pensaron que vendían al gobierno estatal.

Se solicitó al titular de Comunicación Social del gobierno hidalguense, Antonio Meza de la Torre, una entrevista para hablar sobre esas presuntas anomalías y el amparo que los integrantes del comisariado del ejido Melchor Ocampo interpusieron contra el gobierno de Hidalgo, ahora encabezado por Francisco Olvera Ruiz. El funcionario ofreció gestionarla con el secretario de Desarrollo Regional Metropolitano, Alberto Meléndez; al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

Cabrera, el secretario y el tesorero del comisariado del ejido Melchor Ocampo, antes El Salto, de este municipio, interpusieron un recurso de amparo indirecto, el 22 de septiembre de 2011, contra el gobernador y otros funcionarios de Hidalgo, la Secretaría de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional, por tres decretos expropiatorios de 80 predios del ejido, que abarcan casi 188 hectáreas.

Reclaman que no se notificó al ejido la solicitud de expropiación ni la instauración del procedimiento expropiatorio, violándose la garantía de audiencia.

Los decretos expropiatorios, calificados de ilegales en el amparo, son del 5 de noviembre y 8 de diciembre de 2010 y del 25 de marzo de 2011, firmados por el anterior gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, y se le expropia la tierra, como propiedad privada, a Rodríguez León, siendo que al ejido no se le había notificado ninguna cesión de derechos ni ninguna ilegal enajenación hecha por algún ejidatario de sus parcelas a la mencionada ciudadana, por lo que los mismos no son de su propiedad.

Alegan además que en dichos decretos expropiatorios se afirma que el ejido Melchor Ocampo está enclavado en el municipio de Atotonilco de Tula, cuando en realidad pertenece al de Tepeji del Río, por lo que en los decretos se afirman como ciertos hechos falsos. Eso además, indican, impide que los verdaderos afectados, que son el propio ejido y el municipio de Tepeji, puedan acudir a las vías de defensa señaladas por la Constitución y las leyes federales.

Subrayan que en el área que supuestamente compró el gobierno de Hidalgo se encuentran varios caminos interparcelarios que forman parte de la infraestructura del ejido y son de uso común, por lo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mismos que han sido sustraídos ilegalmente del régimen de propiedad ejidal.

Por todo ello, piden la suspensión de los actos reclamados para que las cosas queden en el estado en que se encontraban antes de la violación de las garantías individuales. El juez primero de distrito en el estado de Hidalgo concedió el 27 de septiembre de 2011 la suspensión de plano de los actos reclamados para que los responsables no despojen al ejido Melchor Ocampo de sus tierras ni hagan traslado de dominio de las mismas a ninguna empresa privada.

Sin embargo, el juzgador dictó sentencia el viernes 9 de marzo, sobreseyendo ese amparo, por lo que el ejido anunció que interpondrá una revisión ante la instancia correspondiente. Entre tanto, continúa vigente la prohibición de transferir la tierra en litigio a algún particular.

Se preguntó a Cabrera cuál sería la razón de hacer toda esa maniobra si finalmente el gobierno estatal iba a expropiar las tierras por causa de utilidad pública. Tanto el presidente del comisariado como la abogada del ejido, Alejandra Vargas, explicaron que un gobierno estatal no tiene facultad para expropiar tierra ejidal; ésta sólo corresponde al Presidente de la República.

Hicieron notar que en un acuerdo de intención, firmado por el gobierno de Hidalgo el 21 de enero de 2009, con HPM y GEIA, ya se planteaba que en la región se construiría un Parque Logístico Industrial, una planta productiva y una maquiladora, un centro de almacenaje, un área corporativa, un centro de negocios bajo control de GEIA, y una Terminal Intermodal para la concentración, negociación, manejo, trasbordo, distribución, transporte de bienes y mercancías de todo tipo, controlada por HPM.

Incluso el 23 de marzo de 2010, antes de que fueran emitidos los decretos expropiatorios, en una manifestación conjunta con HPM y GEIA, el gobierno hidalguense confirmó su compromiso de aportar el predio a un fideicomiso para el desarrollo del proyecto, con superficie de un millón 950 mil 126.08 metros cuadrados, cuya adquisición se estaba gestionando.

Sin perjuicio de lo anterior, a partir de esa fecha le concede a las citadas compañías el libre acceso y uso pacífico del predio. Se plantea que la empresa vehículo que elija el fideicomiso para enajenar los lotes del parque logístico, deberá adquirir éstos a un precio de 10 dólares por metro cuadrado, pagaderos a un tipo de cambio que no excederá de 13 pesos por dólar.