Una política laboral progresista
o hay actividad humana más influida por el azar que la política. Por uno de sus giros estoy cerca de cumplir una vocación largamente pospuesta y de poder contribuir a la elaboración de una política laboral progresista. El escenario no podría ser más sombrío: México vive una época de estancamiento y precarización. El crecimiento económico se ha deteriorado y la riqueza y las oportunidades se han concentrado en uno de los peores niveles del mundo: los monopolios y sus prácticas restrictivas dominan la escena. El desempleo ha obligado a millones a emigrar, a trabajar en la informalidad o a incorporarse al crimen organizado. Las empresas verdaderamente competitivas padecen un mercado interno en constante reducción. Los trabajadores han perdido 76 por ciento de su poder adquisitivo. El salario es la única mercancía de precio congelado.
Estas duras condiciones nos dan, paradójicamente, una gran oportunidad. No hay un solo sector importante que no esté afectado por los errores de una política económica del PRI y el PAN. La posibilidad política para una nueva alternativa es enorme. Es indispensable cambiar el rumbo. Podemos iniciar de nuevo el crecimiento y lograr un pacto entre los distintos factores de la producción que rectifique el rumbo para favorecer a 99 por ciento de la población y no al uno por ciento.
El nuevo programa económico será motor del pacto. Una nueva visión estratégica para aprovechar el gran potencial del país que conlleve la superación de la depresión colectiva y la recuperación del optimismo y la confianza. Podemos reducir el aparato de gobierno y sus excesos, fomentar las actividades productivas, controlar los abusos de los monopolios e impulsar inversiones estratégicas en varias regiones. Podemos volver a crecer a 6 por ciento, aumentar la inversión arriba de 15 por ciento y generar, gracias a este impulso, un millón 200 mil puestos de trabajo al año, con el efecto virtuoso de fortalecer los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores: clave de todo el conjunto.
Podemos acordar objetivos comunes para producir, capacitar, crecer y mejorar las condiciones de vida de empresas, trabajadores y comunidad. Podemos eliminar en gran medida la simulación y la corrupción. Podemos revisar a fondo la justicia laboral. Acabar con la extorsión, el chantaje y el esquilmo que padecen empresas y trabajadores. La Secretaría de Trabajo puede recuperar su papel de árbitro justo y conciliador de los factores de la producción. Se convertirá en institución responsable, compacta y austera; reducirá su gasto corriente y aumentará su eficacia, y contribuirá a la transformación democrática de la sociedad y a la paz social.
