El 44 por ciento de la población más pobre de México (aquella que se ubica en los quintiles uno y dos) carece de cualquier tipo de seguridad social, no percibe jubilación alguna ni tampoco ayuda pública asistencial. En esta condición también se encuentra más de la tercera parte de los sectores económicos medios y altos del país, indica un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Tal porcentaje llega a duplicar e incluso triplicar el que se registra en otros países de América Latina para el mismo tipo de población: en Uruguay 19 por ciento de sus habitantes más pobres están excluidos de la seguridad social, en Costa Rica 16 por ciento y en Chile sólo 13 por ciento.

Si bien México se ubica debajo del promedio regional calculado en 48 por ciento para este sector, es superado por seis de 13 naciones que compara Cepal sobre las condiciones de seguridad social. Así, además de Chile, Costa Rica y Uruguay, también Argentina, Panamá y Ecuador presentan cifras menores que México en su población pobre carente de seguridad social, pensiones o ayuda asistencial.

Como es de esperar, una proporción muy importante de los hogares desprotegidos pertenecen a los sectores más pobres de la población, pero no es despreciable la magnitud (a nivel regional) del quintil intermedio y de los dos quintiles superiores en esta condición, se indica en el análisis Ciudadanía social y reformas de protección social en América Latina, a cargo de Ana Sojo, de la división de desarrollo social de la Cepal.

Explica que si bien la desprotección social puede explicarse en gran medida porque sólo una parte de los trabajadores acceden a ésta por la vía contributiva y, por lo mismo, quedan excluidos los sectores rural e informal de la economía, también hay quienes aún con un empleo formal en sectores de alta productividad carecen de la protección garatizada.

En esos casos México reporta que 40 por ciento de la población del tercer quintil y 35 por ciento de los quintiles cuarto y quinto carecen de las prestaciones sociales mencionadas. Con esas cifras supera los promedios regionales de 38 por ciento del tercer quintil y de 30 por ciento para los estratos más altos. Queda atrás de siete naciones de 13 analizadas en cuanto a la protección para los estratos medios y de ocho respecto de los estratos altos, entre éstas Honduras, Ecuador o Panamá, por ejemplo.

En el documento se asevera que las reformas privatizadoras a los sistemas de pensiones en América Latina, efectuadas bajo el argumento de desiquilibrios fiscales y dificultades de sostenibilidad, erosionaron el principio de solidaridad social que se brindaba ante contingencias de enfermedades y envejecimiento.

Los nuevos esquemas adoptados han mostrado diversas dificultades como altos costos administrativos y ganancias para las empresas a cargo ahora de los fondos de pensiones, además de una alta exposición a la volatibilidad financiera de los fondos de pensiones en tanto que la rentabilidad de las empresas administradoras no se ha vista afecta de manera análoga en este mercado cautivo. Los ahorros destinados a la seguridad social se transforman así en ganancias en un lógica de seguro privado.

La desprotección, indica, puede tener distintos significados y para el caso de los trabajadores de sectores socioeconómicos altos y medios que carecen de seguridad social considera que es debido a cierto tipo de contratos laborales o a la ausencia de los mismos. Evasión, elusión, barreras de entrada erigidas por los propios sistemas de seguridad social, faltas de regulación y de supervisión del mercado laboral, conductas oportunistas de trabajadores y empresarios desde posiciones asimétricas, todos son aspectos cuya virtual incidencia asoma al mirar tales cifras.