Las violaciones a los derechos de Florence Cassez señaladas por cuatro de los cinco integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no nos tienen que preocupar; nos tienen que poner alertas de que todos los procesos sean como los señala un Estado constitucional: tienen que ser regidos conforme a derecho, afirmó Miguel Ontiveros Alonso, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al término de la inauguración del Congreso Internacional de Atención a Víctimas del Delito, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, se le preguntó:

–¿Qué le pareció el fallo de la SCJN en el caso Cassez?

–El fallo que se dictó es muestra de que México tiene instituciones fuertes y que vivimos en un modelo de Estado democrático de derecho donde se escucha a las partes, y que se valoraron y ponderaron tanto los derechos de la imputada y también se valoraron debidamente y antes que nada los principios rectores de la dignidad de las víctimas.

Ahora habrá que esperar el nuevo proyecto de la ministra (Olga Sánchez Cordero). La PGR estará pendiente para el siguiente proceso y estaremos dándole seguimiento, siempre conforme a derecho y con absoluto respeto a las decisiones de la SCJN.

–¿Existe la posibilidad de que la PGR abra una investigación para determinar si existieron las violaciones a los derechos de Florence Cassez y sancionar a los responsables del montaje televisivo?

–Estamos en una primera fase, hay opiniones ahora, pero no una decisión ya firme por parte de la Corte. Pero cualquier investigación tendrá que esperar por supuesto la decisión que tome la SCJN. La PGR estará pendiente para esos efectos.

–¿No le preocupa que cuatro ministros hayan señalado que sí hubo violaciones?

–No nos tiene que preocupar; nos tiene que poner alerta de que todos los procesos sean como los señala un Estado constitucional: tienen que ser regidos conforme a derecho.

Quiero señalar claramente que la Constitución, los instrumentos internacionales, el Código Penal, el Código Procesal Penal y todas nuestras leyes tienen que interpretarse de forma que no generen impunidad.