En medio de presiones inéditas del Presidente de la República y miembros de su gabinete, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirán hoy el proyecto de dictamen propuesto por Arturo Zaldívar, que propone conceder amparo a la ciudadana francesa Florence Cassez para que sea liberada de inmediato.

De acuerdo con fuentes judiciales, la moneda está en el aire y no se descarta que alguno de los magistrados solicite que el asunto sea turnado al pleno.

Ministros consultados por este diario comentaron molestos que es la primera vez que, en vísperas de que la Corte resuelva un asunto, el presidente Felipe Calderón presiona directamente en los medios de información para que se vote en un sentido determinado, en este caso, para que se le niegue el amparo a Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro.

El efecto de las declaraciones presidenciales sobre los cinco ministros –comentaron– se verá este miércoles, cuando cada uno fije su postura sobre el proyecto de Zaldívar Lelo de Larrea en sesión pública, la cual –al igual que las de la segunda sala– no es transmitida por el Canal Judicial ni por Internet.

Las únicas sesiones que se ven en vivo y en directo son las del pleno los lunes, martes y jueves. Los miércoles, la sesión que pasa por el Canal Judicial es la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Entre los ministros corre la versión de que cuando el mismo Zaldívar proyectó, en junio de 2010, el dictamen sobre el incendio de la guardería ABC, en el que proponía señalar directamente al que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; al director del IMSS, Daniel Karam, y al anterior gobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros funcionarios federales y estatales, el presidente Calderón lo presionó para que cambiara su dictamen, pero a través del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

La presión no tuvo resultados, ya que Zaldívar mantuvo su postura –junto con Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero–, aunque la mayoría del pleno votó en contra de su proyecto. Sin embargo, en aquella ocasión, la presión presidencial no fue directa ni en discursos ante los medios de información.

En cambio, el pasado lunes Calderón reclamó justicia para las víctimas de delitos y demandó al Poder Judicial que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape nuevamente la impunidad. Por su parte, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo ayer en conferencia de prensa que es momento de enfatizar la justicia para las víctimas. Ambos en alusión clara al caso Cassez.

Los informantes comentaron que el único voto seguro en favor del proyecto de Zaldívar es el de Olga Sánchez Cordero, quien desde la liberación de los acusados por la matanza de Acteal, ha votado por que sea respetado el debido proceso y la presunción de inocencia como premisas necesarias para avanzar hacia la consolidación del estado de derecho y para mejorar el sistema de impartición de justicia.

Trascendió que es impredecible el voto de los otros tres ministros. Hay quien afirma en la Corte que José Ramón Cossío se inclinaría por conceder el amparo para efectos, es decir, para que un tribunal colegiado revise el procedimiento del caso Cassez y emita una nueva sentencia, aunque en el caso Acteal y la liberación de presos de San Salvador Atenco, votó por su inmediata liberación. Sin embargo, los que decidirán el destino del proyecto de Zaldívar serán el ex presidente de la SCJN Guillermo I. Oritz Mayagoitia, quien aún no se ha manifestado en un asunto de este tipo, y Jorge Pardo Rebolledo, único penalista que integra la sala, ya que fue juez y magistrado en materia penal.

Hasta la fecha, ninguno de los dos se ha distinguido por impulsar criterios innovadores, como los que propone el proyecto de Zaldívar de liberar a Florence Cassez en razón de que se violó el debido proceso y la presunción de inocencia al no remitirla de inmediato al Ministerio Público, avisar después de 35 horas de su detención al consulado de Francia, además del montaje televisivo que hizo la Policía Federal lo que, según el ministro instructor, restó confiabilidad a las pruebas en contra de la ciudadana francesa.