Ginebra, 13 de marzo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e integrado por 18 expertos independientes elegidos por los países que han ratificado la convención en la materia, pidió a Mexico que consulte con los pueblos indígenas la explotación de sus tierras.

En una resolución publicada este martes en Ginebra, solicita a nuestro país se asegure que se están llevando a cabo consultas en cada etapa del proceso con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales, con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado, particularmente en los casos de explotación minera.

El documento indica que el actual sistema en vigor en México no contempla la figura del consentimiento libre, previo e informado, y agrega las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales.

El dictamen manifiesta su preocupación ante informaciones de conflictos sobre tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas, y porque, en la práctica, el derecho de las comunidades a ser consultadas antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente.

De este modo, México parece sumarse a situaciones conflictivas que actualmente se están viviendo en Argentina, Perú, Brasil y Ecuador, generando la protesta de poblaciones indígenas ante nuevos proyectos de desarrollo que desconocerían exigencias para preservar el medio ambiente, o que violarían los derechos de las etnias, establecidos por normas de la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas demanda a México que genere diferentes espacios de interlocución con los pueblos indígenas, para garantizar acuerdos concretos, viables y verificables, que sean efectivamente implementados, incluyendo métodos alternos de resolución de conflictos, respetando los estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.

El comité del organismo internacional advierte que en los casos excepcionales en que se considere necesario el traslado y el reasentamiento de las comunidades para realizar proyectos de desarrollo, se respeten los estándares internacionales.

En cuanto a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación de los indígenas en México, la ONU se inquieta debido a que 93.9 por ciento de los mismos está privado al menos de uno de estos derechos y 64 al menos de tres, y subraya que las cifras más elevadas de mortalidad materna e infantil se dan precisamente en esa población.

El comité revela las dificultades de acceso a la justicia de miembros de las etnias, y el alarmante número de denuncias por presuntas irregularidades en varios casos, por la cantidad de ellos en el sistema carcelario.

La ONU pide garantías a México para que los indígenas cuenten con defensores de oficio y funcionarios bilingües de justicia, así como con servicios de interpretación culturalmente apropiados durante los procesos en los tribunales.

Al propio tiempo, pide cuentas a nuestro país sobre los trabajadores migrantes o en tránsito procedentes de Centroamérica, que son vulnerables al secuestro, tortura y asesinato, principalmente las mujeres.