Buenos Aires, 12 de marzo. Los docentes de la ciudad de Buenos Aires, acompañados por padres y alumnos instalaron una carpa frente a la Jefatura de Gabinete del gobierno capitalino del empresario Mauricio Macri, comenzando una semana de protesta contra la decisión reciente de cerrar cursos, en una acción que atenta contra el futuro de la escuela pública.

Maestros de la Unión de Trabajadores (UTE) y Confederación de Trabajadores de la Educación de la República (Ctera) acamparon en la carpa este día, la que tiene un alto valor simbólico ya que recuerda a la mayor y extensa protesta docente de los años 90, cuando instalaron una Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación en reclamo de aumento de los fondos económicos destinados a la educación y la derogación de la ley federal, entre otras medidas de recuperación de soberanía y del Estado.

La Carpa Blanca permaneció de abril de 1997 hasta diciembre de 1999, con el acompañamiento a lo largo de ese período de más de tres millones de personas, movimientos sociales, políticos, de derechos humanos, personalidades, artistas locales y de todo el mundo e incluso deportistas, lo que la transformó en una de las más imaginativas acciones contra el programa neoliberal de esos tiempos y de la lucha en defensa de la escuela pública.

Se logró entonces la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo y un fondo para salarios, que habían caído estrepitosamente durante el gobierno de Carlos Menem.

En estos momentos los docentes porteños estiman que al cerrar grados, los fondos destinados a la escuela pública se derivan a instituciones privadas, pero también advierten que la medida afecta a los programas educativos y demandan al gobierno de la derechista Propuesta Republicana.

La semana de lucha incluye abrazos simbólicos a las escuelas, repartiendo volantes con las demandas en toda la ciudad, clases públicas y radios abiertas, para evitar el cierre de 221 grados que significa como cerrar varias escuelas.

El próximo 16 de marzo marcharán junto a estudiantes y padres desde distintas escuelas hasta el lugar donde está la carpa para realizar un acto masivo.

El secretario general de la UTE y Ctera Eduardo López denunció una vez más que por una disposición firmada por el director general de Educación de la ciudad, Maximiliano Guimanelli se están cerrando cursos en escuelas primarias, secundarias y técnicas de la ciudad y que la medida además afectará los alumnos, a la enseñanza y a unos 600 docentes. Macri tiene que entender que la escuela pública no es el lugar de contención para los pobres, sino que es el lugar de transformación para todos los sectores sociales de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo el dirigente.

Hoy hubo clases abiertas en algunas escuelas y también abrazos a otras con la presencia de alumnos y padres. Asimismo la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) resolvió realizar clases públicas en contra del cierre de grados, especialmente en las escuelas que se vean afectadas por la medida tomada en forma unilateral e inconsulta por el Ministerio, lo que analizan como un nuevo atentado contra la Escuela Pública.

Debate el Senado traspaso del metro

En otro de los conflictos que enfrenta el gobierno de Macri, la Cámara de Senadores iniciará mañana el debate parlamentario para traspasar la competencia y la fiscalización del transporte público porteño desde el gobierno nacional al de la Capital, incluyendo las seis líneas de subte (metro), el premetro, 33 líneas de colectivos y el tranvía de Puerto Madero.

El texto del proyecto de ley ratifica esta transferencia tal 2como está dispuesto por las leyes que se crearon en el distrito, y fue ratificado en el acta de acuerdo entre Nación y Ciudad el pasado 3 de enero”.

La semana pasada, el intendente Macri sostuvo que la ciudad no aceptaría este traspaso, pero el gobierno demostró que estaban los fondos necesarios y que además, no se había ejecutado en este rubro el presupuesto, ni invertido el dinero destinado por el Ejecutivo a este servicio.

Por su parte el juez Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia, dijo hoy que este Tribunal está facultado para dirimir el conflicto entre los gobiernos porteño y nacional por el traspaso del servicio de subterráneos.

Seguramente es algo que se va a judicializar, sostuvo el Juez pero recordó que un conflicto entre una entidad federada y el Gobierno federal es cuestión que hace a la competencia de la Corte y expresó su esperanza en la negociación al considerar que las consecuencias las paga el usuario del subte (metro).

En otro sector que parece estar en camino de definiciones importantes como es el energético, la Secretaría de Comercio Interior ordenó este lunes a las petroleras YPF, Shell y Esso que el precio que deben cobrar por litro de JP1 -el combustible que utilizan las aeronaves- no deberá superar en 2.7 por ciento al de la gasolina super que se comercializa en la estación de servicio de bandera más cercana al aeropuerto en el que se realice la carga.

Esto beneficiará a las empresas de aeronaves que ejerzan la actividad aerocomercial de pasajeros o de carga, y que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Aeronaves de la República Argentina”, por lo que una de las beneficiadas será la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas.

La medida fue tomada a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a raíz de una denuncia presentada el 9 de febrero pasado por Aerolíneas Argentinas por el precio que debía abonar por el combustible, extraído en el país.