Luego de que el ministro Arturo Zaldívar hizo público su proyecto de dictamen, en el que ordena la libertad inmediata de la ciudadana francesa Florence Cassez, el Ejecutivo federal presionará a los otros cuatro miembros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que turnen el asunto al pleno, advirtieron fuentes de primer nivel del máximo tribunal.

Los informantes agregaron que la Presidencia de la República sabe que si dichos ministros son congruentes con el criterio construido a partir de agosto de 2009, cuando liberaron de forma inmediata a los primeros 20 acusados de la matanza de Acteal bajo el argumento de que fue violado su derecho constitucional al debido proceso, entonces el proyecto de Arturo Zaldívar contaría con los votos necesarios para dejar libre a Cassez.

Por ello, confirmaron los funcionarios consultados, las presiones de las diferentes instancias del gobierno federal a los ministros (Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo) estarán dirigidas a que rechacen el proyecto o soliciten en la sesión pública del próximo día 21 que por la importancia y trascendencia del caso el asunto pase al pleno.

En la sala se necesitan únicamente tres sufragios para conceder el amparo, y al menos de manera pública, Sánchez Cordero, Cossío y Zaldívar se han pronunciado en favor de que la Corte garantice el debido proceso legal.

En cambio, en el pleno, salvo el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, quien votó en su momento en favor de los amparos en el caso Acteal, se presume que los otros cinco ministros se pronunciarían por negar el recurso.

Sin embargo, de acuerdo con los informantes, no será fácil que una propuesta de ese tipo prospere.

Comentaron: bajo la presidencia de Zaldívar, la primera sala modificó recientemente las reglas del juego. Es decir, anteriormente bastaba con que un ministro propusiera a la sala que un asunto se enviara al pleno para que en automático fuera así; ahora la propuesta debe ser votada en la sesión pública.

En este caso, se dijo, se da por descontado que el ministro que lo propusiera lo haría con el fin de que el pleno –que la mayoría de las veces vota en favor del Ejecutivo federal en asuntos trascendentes para éste– niegue el amparo.

Fue en el caso de Acteal cuando la SCJN por vez primera se erigió en tribunal de legalidad y no sólo de constitucionalidad y liberó a 20 indígenas que ya habían sido sentenciados. El 28 de abril de 2010 hizo lo mismo al reconocer la inocencia de las indígenas queretanas Alberta Alcántara y Teresa Cornelio, acusadas por la PGR de secuestro. El 30 de junio de ese año, la Corte ordenó la liberación inmediata de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, presos desde 2006, por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México utilizó pruebas ilícitas para inculparlos.

El 11 de noviembre de 2011 amparó a Víctor Chávez de la Torre, sentenciado a 51 años de prisión por homicidio, y ordenó su libertad inmediata.

Para Zaldívar, la violación al debido proceso, en el caso Cassez, es de tal gravedad que las pruebas aportadas por la PGR, después del montaje televisivo, no son fiables. Además, la acusada ya fue juzgada y sentenciada por los medios de información.

Al no haber sido consignada inmediatamente ante el Ministerio Público Federal después de su detención y no avisar a tiempo al consulado francés sobre la captura, los policías federales violaron la Convención de Viena, que obliga al gobierno mexicano a respetar los derechos de extranjeros arrestados en el territorio.

Como en otros asuntos trascendentes, el proyecto de dictamen de Zaldívar fue subido a la página de Internet de la Corte el jueves pasado.