Pese al carácter inapelable y vinculatorio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano ha puesto en marcha una estrategia para simular que las cumple, al cubrir puntos mínimos de éstas, pero sin mostrar ninguna voluntad política de acceso a la justicia, lamentaron activistas de diversas organizaciones sociales.

Jacqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la sentencia sobre el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera –detenidos ilegalmente en 1999 y torturados por el Ejército para que se culparan de diversos cargos– es ejemplo de la forma en que se ha comportado el gobierno en esos casos.

La resolución de la CIDH, recordó, fue dada a conocer hace más de un año, y hasta ahora sólo se han cumplido puntos como la publicación de la sentencia y la entrega de indemnizaciones económicas, pero sin abordar para nada el tema de quién fue el responsable de los abusos contra ambos activistas.

El Estado mexicano tiene una deuda pendientísima. Nos parece que hay dilación en las investigaciones sobre la tortura cometida por los militares. Las sentencias son vinculantes e inapelables, pero el Estado se niega a cumplirlas de buena fe. Por eso debemos insistir en que se realicen las investigaciones y no haya más impunidad, enfatizó.

Los cambios estructurales, sin abordarse

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió en afirmar que el mismo comportamiento del gobierno ha quedado de manifiesto en los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, agredidas sexualmente por elementos del Ejército en 2002.

“A un año de que se dictaron los fallos, el impulso de su cumplimiento ha quedado del lado de las víctimas, porque el Estado mexicano no cuenta con mecanismos efectivos para darles seguimiento.

Ha habido avances importantes, como el acto público de reconocimiento de culpabilidad o la entrega de indemnizaciones monetarias, pero sigue habiendo rezagos en las medidas de alcance estructural, como la reforma al Código de Justicia Militar o a la Ley de Amparo.

La sanción a los responsables de las violaciones sigue como uno de los grandes pendientes, y eso hace que prevalezca la impunidad. El cumplimiento de las sentencias no debe venir de los organismos internacionales. Hay que insistir en que debe ser a escala nacional, y en este caso es la Secretaría de Gobernación la encargada de diseñar mecanismos para ello.

Lo que más nos interesa es dar con su paradero

Tita Radilla, hija del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco –víctima de desaparición forzada a manos del Ejército el 25 de agosto de 1974–, confirmó que la tendencia del gobierno frente a los dictámenes de la CIDH es simular que cumple, pero no ir nunca al fondo de las cuestiones de acceso a la justicia.

La sentencia de la Corte tiene 14 puntos, y han cumplido con la publicación, el acto de reconocimiento de culpabilidad y la indemnización económica, pero lo que más nos interesa es dar con el paradero de Rosendo Radilla, para que los familiares podamos tener paz y tranquilidad. No vemos resultados de las investigaciones y los militares que pueden saber dónde están (los restos) no han sido interrogados o se niegan a declarar, lamentó.