Integrantes de la Plataforma cívica Luis Javier Garrido Platas exigieron la intervención del Senado de la República para que realice foros y una consulta ciudadana para decidir sobre el reciente acuerdo para la explotación de yacimientos transfronterizos, firmado por los gobiernos de Estados Unidos y México el pasado 20 de febrero.

Froylán Yescas y René González, voceros de esta organización, señalaron que a 17 semanas de que el pueblo de México exprese su voluntad en las urnas respecto de proyectos y candidatos, la premura por avalar el tratado se parece más a una venta de garaje anticipada.

En entrevista con La Jornada, explicaron que ante estas acciones de carácter transexenal el Senado de la República debería, en el amplio uso de sus atribuciones, darle relevancia y no solamente enviarlo a comisiones para que se presente en una sesión ordinaria.

Primero, destacaron, que se informe y luego que se haga una consulta amplia, extensa sobre este acuerdo. “Esa opacidad nos hace pensar que no es un acuerdo para la seguridad y desarrollo para dos naciones soberanas, sino una imposición donde la parte más débil y entreguista, en este caso México, va a tener consecuencias serias en la enajenación de nuestra soberanía para los siguientes años.”

Froylán Yescas y René González, también integrantes de la asociación civil Flor y Canto, consideraron que este acuerdo es violatorio de la Constitución Política, que afecta nuestra soberanía nacional y no fue suscrito con el respaldo de la ciudadanía, como amerita un tema de tal importancia para el pueblo de México.

Exigieron que las comisiones a las que fue turnado (Energía y Relaciones con América del Norte) actúen con responsabilidad, y no cedan a la presión de la Secretaría de Gobernación para aprobarlo sin discusión.

Anunciaron que el próximo sábado 10 de marzo a las 11 horas, en el Monumento a Lázaro Cárdenas en esta ciudad, habrá un foro con la participación académicos y especialistas del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para analizar la situación y hacer una movilización el 18 de marzo, cuando se conmemora precisamente la expropiación petrolera.