n un proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pide la liberación inmediata y absoluta de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada y condenada a 60 años de prisión por participar en varios secuestros cometidos por la banda de Los Zodiaco. Según la propuesta referida, durante el juicio contra Cassez se acreditaron diversas violaciones a derechos básicos y al debido proceso de la acusada, por lo que las pruebas y los testimonios con base en los cuales se le sentenció carecen de fiabilidad.

A reserva de esperar a que el proyecto de resolución sea votado por los integrantes de la primera sala del máximo tribunal, el planteamiento elaborado por el ministro ponente parce pertinente a la luz de los elementos de juicio disponibles en torno al caso. Se debe recordar que Cassez fue capturada, en diciembre de 2005, junto con su entonces novio, Israel Vallarta, por elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) –entonces encabezada por Genaro García Luna, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal–, los cuales obligaron a los capturados a participar en un montaje escénico para la empresa Televisa, que se presentó al público como si hubiese sido una detención en tiempo real.

Incluso sin tomar en cuenta otras de las supuestas irregularidades alegadas por la defensa de Cassez –la insuficiencia en las pruebas y la inconsistencia en los testimonios que inculpan a la ciudadana francesa, por ejemplo–, el desaseo y la manipulación informativa que privaron en su detención bastan para desvirtuar el proceso en su contra y para desacreditar la actuación del gobierno federal: como señala la ponencia de Zaldívar, la retención de Cassez en el lugar de la escenificación televisiva violentó los derechos fundamentales de la ciudadana francesa a la asistencia consular y a ser puesta a disposición del Ministerio Público, convalidó una farsa ante la opinión pública y dejó sembrada la semilla de la sospecha en torno a los procesos que habrían de venir.

Por otra parte, en la medida en que el dictamen de la SCJN no se pronuncia en torno a la culpabilidad o inocencia de Cassez, la arbitrariedad con que se condujo la AFI cancela toda posibilidad de esclarecer a cabalidad la participación de la ciudadana francesa en los delitos que se le imputan.

Todo lo anterior causa un daño inconmensurable a las instituciones de procuración e impartición de justicia: del lado del Ejecutivo, el referido proyecto de resolución da cuenta de una proclividad de la autoridad a combatir la ilegalidad con ilegalidad, y una tendencia a infringir el estado de derecho por las instituciones encargadas de salvaguardarlo; por lo que hace al Poder Judicial, la ponencia de Zaldívar constituye una demostración fehaciente de los vicios y las desviaciones en que incurrieron algunos de sus integrantes, quienes no pudieron o no quisieron ver el despropósito que estaban cometiendo al juzgar a la ciudadana francesa con base en una diligencia policial viciada de origen.

Más allá del ámbito de la procuración e impartición de justicia, la propuesta de resolución implica un golpe catastrófico para el gobierno federal en el ámbito diplomático: debe recordarse que, en meses previos, las irregularidades existentes en el caso fueron usadas por las autoridades y los medios de comunicación de Francia para presentar a la ciudadana francesa como una víctima inocente de un atropello policial y judicial, e incluso como una heroína. Sin embargo, ante el clamor de exculpación y liberación para la acusada, el gobierno de Felipe Calderón se empecinó en presentarse como adalid de la seguridad pública y la cruzada contra la delincuencia, se mostró remiso a esclarecer la desaseada actuación de la AFI y, con ello, sometió al Estado mexicano a una presión indebida e inadmisible por parte de una potencia extranjera.

La exhibición de las miserias del aparato de justicia mexicano frente a la opinión pública nacional e internacional habría podido evitarse si las autoridades hubiesen actuado, en su momento, de forma transparente, si hubiesen esclarecido las irregularidades denunciadas en el proceso en contra de Cassez, y si hubiesen sancionado a los responsables del atropello.

Por el contrario, la perspectiva de la liberación de la ciudadana francesa adquiere, en el momento presente, la condición de una derrota catastrófica para el hoy titular de Seguridad Pública federal, para la cancillería, para el titular del Ejecutivo y, desde luego, para la estrategia oficial de combate a la delincuencia a la que desacreditan, en primer término, sus propios resultados negativos en todos los frentes –incluido el del combate al secuestro–, y a la que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias describió como una guerra sucia, debido a los patrones de abuso a los derechos humanos en que han incurrido las dependencias involucradas. Tal apreciación encuentra, en el caso de Florence Cassez, una confirmación nítida y lamentable.