La operación de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) en la zona ejidal de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, generó ayer diversas opiniones, pues mientras diputados locales criticaron la indolencia de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal para hacer frente a los daños generados por esa compañía, el titular de esa demarcación, Rubén Escamilla, dijo que se ha estado cerca de los inconformes para tratar de ayudarlos en la solución de su problemática.

En su edición de ayer, este diario reseñó el impacto que en el suelo, el agua, las viviendas y en la salud de la población ha tenido ICA con el armado de trabes (ballenas), pilotes, tabletas, cabezales y parapetos de concreto en terrenos de esa localidad, estructuras que son utilizadas para la construcción de la Autopista Urbana Sur (segundo piso del Periférico).

Para Escamilla, a pesar de que las autoridades de Tláhuac no tienen nada que ver con ese proyecto, se ha apoyado a los vecinos en su demanda de instalar mesas de negociación con el Gobierno del Distrito Federal, licitante de la obra.

Dijo que la directora general de Jurídico y Gobierno, María de los Ángeles Román, ha estado cerca de los habitantes. Remarcó que cuando se reportan daños se canaliza el asunto a la Dirección General de Protección Civil del GDF, que envía personal para hacer los estudios sobre las afectaciones y realizar la reparación de los daños, como se ha hecho en San Francisco Tlaltenco.

El presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, José Alberto Couttolenc, hizo un atento llamado a la Secretaría de Medio Ambiente para que atienda esos problemas ambientales y se pronunció por modificar la ley para obligar a las autoridades a pagar los daños ocasionados por las obras que licitan.