Las regulaciones en torno a los debates entre candidatos y las diferencias en tiempos y contenidos del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han terminado por generar poca certeza en torno a los alcances y la vigencia de las decisiones y alentado la interposición de recursos legales por parte de los actores para impugnarlos.

En ese contexto, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) formalizó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estas disposiciones que, considera, atentan contra la libertad de expresión.

En paralelo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una queja en contra de dos determinaciones de la autoridad electoral: la primera, la aprobación de los lineamientos de los debates entre aspirantes presidenciales –elaborados por la comisión especial de consejeros y ratificada por el Consejo General–, y la segunda, la respuesta negativa que esta instancia dio al precandidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en su petición de que el instituto organizara 12 debates temáticos a lo largo de la campaña electoral.

Mientras los actores políticos y sociales interponen recursos en aras de buscar claridad en torno al tema, el tribunal electoral y el IFE parecen contraponerse en tiempos y alcances de las regulaciones sobre los debates.

En una respuesta –que pareciera tardía– a los recursos de los partidos políticos y la CIRT sobre las consultas que este organismo empresarial y el partido Acción Nacional (PAN) hicieron sobre los criterios que deben regir en los debates en las precampañas y en el periodo intercampañas, el TEPJF revocó la decisión del IFE, confiriendo parcialmente la razón a los organismos impugnantes.

A decir de los magistrados, el instituto debió ir más allá de una respuesta formal y emitir un acuerdo, pues los alcances de la decisión no sólo involucran a quienes hicieron la consulta, sino a otros actores políticos.

Si la autoridad responsable “advirtió que la intención final de quienes hicieron la consulta era el establecimiento de criterios claros y definidos, que permitieran tanto a los actores políticos como a los medios de comunicación –especialmente los electrónicos– conocer si era factible la celebración de debates, en su caso la forma y términos en que deberían conducirse en cuanto a los mismos, ello no se debió concretar exclusivamente a emitir las respuestas correspondientes en torno al derecho de petición, sino prever la emisión de la normatividad reglamentaria”, por sus efectos generales.

Al mismo tiempo, luego de más de un mes de trabajo de su comisión especial de consejeros, el Instituto Federal Electoral aprobó lineamientos generales sobre los debates en campañas presidenciales.

Ante la decisión del TEPJF, el instituto analiza los alcances de la sentencia para determinar si con la aprobación de los lineamientos para los debates en campañas federales –durante la sesión del miércoles pasado– se daba respuesta a la resolución del tribunal de que se aprobara ese mismo día, con pocas horas de anticipación.