Debido a que el gobierno mexicano no ha emprendido acciones concretas ni políticas que impidan y sancionen el trabajo infantil en las minas de carbón, particularmente en los denominados pocitos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) solicitaron que un reporte que elaboraron y en el que denuncian dicha problemática sea incluido en el informe que el país presentará ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre el 29 de mayo y el 15 de junio próximos.

El Cereal y la OFPC esperan que su balance que aborda la grave situación de explotación infantil en las minas de carbón en Coahuila sea incluido en el Informe Específico para el Tratado Parte Integral del Cuarto y Quinto Informe Consolidado Relativo a la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y lamentaron que el Estado mexicano ha ignorado estos hechos de forma sistemática, con lo que se permite la existencia de esta explotación laboral de menores de edad en la minería del carbón, en condiciones que rebasan lo infrahumano y se pueden considerar como trata de personas y esclavitud simulada.

Carlos Rodríguez, del Cereal, señaló en entrevista con La Jornada que el desinterés por este tema es tal que ni siquiera existe una estadística respecto a cuántos niños laboran en dichos espacios y precisó que de 77 pozos que fueron inspeccionados en años recientes, en 11 se encontraron menores de edad, pero indicó que la situación es peor pues se calcula que en la región carbonífera existen por lo menos 297 pozos.

Cristina Auerbach, integrante de la OFPC, indicó que pese a que México ratificó el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, el gobierno federal no ha hecho nada.

Ambos indicaron que los operativos de verificación sirven de poco en la identificación de estos menores, ya que dichas auscultaciones no son sorpresivas. Aunque no se da un aviso formal, siempre hay gente que los pone en alerta y cuando van los inspectores esconden a los niños, refirió Auerbach.

Rodríguez precisó que debido a que los pocitos son estructuras muy precarias, sobre todo en su exterior, los desmontan y los desaparecen cuando llegan los inspectores.

En el escrito, enviado al embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las organizaciones indican que hemos identificado que en seis centros inspeccionados por la STPS durante 2010 trabajaron, cuando menos, 15 menores de edad de entre 14 y 17 años. Esto significa la presencia de menores en 18.75 por ciento de las minas inspeccionadas por dicha secretaría. Esta cifra es alarmante.

Añaden que “por la forma como están ubicados los pocitos es fácil esconder a los niños cuando ven que los inspectores se acercan o se les da el pitazo de que los han visto en la zona (...) El trabajo de los menores, además de bajar los costos de producción, permite que los niños y jóvenes que no han alcanzado la estatura de un adulto se desplacen fácilmente dentro de los pocitos, que suelen tener hasta 1.5 metros de altura. Por lo barato de su mano de obra y por su estatura, son una buena opción para los poceros”, lamentaron.

Auerbach agregó que si el gobierno federal no incluye el informe realizado por el Cereal y la OFPC en su presentación ante dicho comité de la ONU lo mostraremos como informe paralelo.