Desde septiembre del año pasado, 80 por ciento del personal que laboraba en el Instituto del Deporte del Gobierno del Distrito Federal comenzó a hacer despedido, sin previo aviso, y sin que hasta la fecha, se les haya pagado su liquidación, denunciaron ex trabajadores de esa dependencia capitalina, quienes acusaron a la directora de administración, Amira González Stanford, de abuso de autoridad y de extralimitarse en sus funciones.

Los afectados aseguraron que dicha servidora pública, hija de la directora de Contralorías Internas del GDF, Amira Stanford, los amenaza con retrasar aún más su pago si presentan alguna demanda laboral en contra del instituto.

La cascada de despidos comenzó en septiembre cuando la funcionaria decidió prescindir de los servicios de 85 promotores deportivos, responsables de fomentar el deporte en escuelas o espacios públicos, así como apoyar en actos públicos, como el ciclotón, que se efectúa el último domingo de cada mes.

A principios de octubre despidió al personal de estructura. Cuatro de cinco directores, cinco de ocho subdirectores, tres de cuatro jefes de unidad y el responsable de la Oficina de Información Pública fueron cesados. Al concluir ese mes, también despidió al personal de honorarios.

Los ex trabajadores admitieron que es normal que cuando hay un cambio de dirección, como sucedió, a la mayoría de los integrantes del equipo de trabajo se le pide la renuncia, pero se le liquida conforme a la ley.

En este caso, agregaron, la administradora agarró parejo y sin hacer los trámites para la liquidación.

Aún más, aseguraron que todo el personal cumplía con el perfil y los requisitos para desempeñar su trabajo, a excepción de la administradora, que llegó a ese cargo sin contar con el bachillerato.

Ahora, estos ex trabajadores del gobierno de la ciudad integran el denominado movimiento Okupa GDF, que desde hace unas semanas instalaron un campamento frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde se encuentran las oficinas del jefe Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon.

Ayer, el movimiento recibió el apoyo y solidaridad de diversas organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Foro Mesoamericano de los Pueblos, el Tribunal Permanente de los Pueblos y la Asamblea de Barrios Azcapotzalco.

Los inconformes, que comenzaron su protesta para exigir que sean restituidos en sus empleos, han ampliado su pliego de peticiones y ahora incluyen frenar los megaproyectos que afectan a las colonias de la capital como el denominado Ciudad Progresiva, en el pueblo de Xoco, que propone una torre de 60 niveles; además de demandar una nueva política social y de vivienda.

A estas peticiones sumaron otra, en el sentido de que no se criminalice la lucha social, ya que, aseguraron, integrantes de su movimiento han sido amenazados con ser encarcelados, pues existen órdenes de aprehensión en su contra.