En medio del fuego cruzado de acusaciones entre PAN y PRI, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, asegura que la Procuraduría General de la República (PGR) puede y debe hacer uso de la información disponible para investigar a todos los denunciados.

Ante esta vorágine política, en la que los contendientes del proceso electoral han pasado de las declaraciones a las denuncias penales –por presuntos vínculos con el narcotráfico–, el funcionario federal sostiene que sí ha cumplido con su labor para calmar las aguas.

Ante las dudas sobre el alcance de sus diligencias, el secretario de Gobernación, con sólo tres meses en el cargo, remarca que sí hay diálogo, pero no se dan a conocer los encuentros porque prefiere conducirlos con discreción.

El secretario de Gobernación no miente, afirma el doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard, quien en cinco años ha escalado, al amparo del presidente Felipe Calderón, más puestos que ningún otro.

Aquí un extracto de la entrevista con el ex vocero de seguridad, ex subsecretario, ex asesor político de la Presidencia, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y ahora quinto secretario de Gobernación en lo que va del sexenio calderonista:

–¿Cómo se ve el proceso electoral desde su oficina?, en momentos en que el dirigente del PAN, Gustavo Madero, denuncia amenazas del narcotráfico en la reciente contienda en Michoacán y al referirse a los rojos vincula a los priístas con criminales.

–No podemos ignorar que en algunos ámbitos locales ha habido una intención del crimen organizado por incidir en los procesos electorales. Ese tema se debe atender desde la lógica de la seguridad. Y, en las controversias, pues para eso están las autoridades electorales.

–¿Qué pasó en el caso de Michoacán? El gobierno federal denunció amenazas del crimen organizado en los comicios y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la legalidad de la elección.

–Seremos muy respetuosos de sus decisiones.

–¿El desenlace de Michoacán puede ser mal precedente?

–Desde la perspectiva de seguridad, consideramos que los hechos que se dieron en Michoacán son el impulso para que todas las autoridades respaldemos a las autoridades electorales para tener una jornada electoral en paz.

–El tribunal validó lo que ustedes dijeron que estaba mal.

–La autoridad electoral ejerce sus funciones; dijimos con toda claridad que había un fenómeno de seguridad que se estaba llevando a cabo alrededor de este proceso electoral.

–¿Y qué hacer ante la denuncias de amenazas del narco a candidatos?

–Es necesario revisar la normatividad electoral; plantearnos si contamos con todos los instrumentos necesarios para garantizar que estos fenómenos no se van a dar; en la legislación vigente toca fortalecer las áreas de seguridad.

–Hasta la elección de 2006 las acusaciones de los contendientes eran por robo de votos, ahora son expedientes penales, ¿cuál es la acción de la Secretaría de Gobernación en ese punto?

–Lo que estamos haciendo en todo el país es revisar sistemáticamente, con las autoridades locales, los escenarios de atención prioritaria en algunos municipios, particularmente con los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua.

Estamos trabajando de cerca también con el gobierno de Fausto Vallejo (Michoacán).Y, bueno, la autoridad ministerial está obligada a atender todas las denuncias, independientemente de cuál sea el origen de éstas.

–Ante las elecciones ¿cuál es la estrategia gubernamental en materia de seguridad?

–La revisión es exhaustiva en todo el país, pero se trata de un fenómeno relativamente focalizado.

La forma y el fondo

Poiré Romero responde a las preguntas con tono pausado, mira hacia los enormes espejos que revisten el salón Adolfo López Mateos, ubicado a un costado del salón de cuadros, donde están las imágenes de todos los secretarios de Gobernación que ha tenido México.

La autoridad está estrictamente obligada, particularmente la autoridad ministerial, a conducirse con apego a la ley, afirma en entrevista el secretario de Gobernación, Alejandro PoiréFoto Jesús Villaseca

Ahora es un funcionario que da conferencias de prensa y acepta hablar con los reporteros. Por eso se insiste en preguntarle si ya tienen identificados otros focos de atención similares a los de Michoacán, que denunciaron antes y después de la elección en la que perdió Luisa María Calderón, hermana del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El secretario, también ex funcionario del Instituto Federal Electoral, se convirtió desde hace varios años en asesor político de Los Pinos. Ahora elige siempre un discurso lineal, aprendido y en perfecta sincronía con la modulación de la voz y el énfasis que pone con el movimiento de las manos. Y también por esa vía se zafa: Esta es una operación en curso, no quisiéramos dar mayor detalle.

–Hay acusaciones formales contra ex gobernadores de Tamaulipas, todos priístas. Este es un ingrediente nuevo en la víspera de una elección, ¿qué tiene qué decir Gobernación?

–La autoridad está estrictamente obligada, particularmente la autoridad ministerial, a conducirse con apego a la ley; esto quiere decir ser particularmente escrupuloso en las investigaciones y actuar en consecuencia de la información con la que cuenta. Además, atender las denuncias con profesionalismo, talento, con apego a la legalidad y sin ningún sentido de ninguna otra naturaleza.

–Lo antes dicho es repudiado por la oposición, que ha advertido que el gobierno federal utiliza la procuración de justicia con fines políticos. Está el caso específico del michoacanazo.

–En ese caso (acusación y encarcelamiento de alcaldes que después fueron exonerados) se trataba de presidentes municipales de diversos partidos, así que no se puede hablar de intencionalidad electoral o política en una acción de la justicia que se llevó a cabo con evidencias sólidas que eventualmente se desestimaron. No se pueden hacer acusaciones de uso político de la justicia. Lo que sí tenemos que reconocer es que el Ministerio Público debe actuar en consecuencia de la información con la que cuenta, haciendo su tarea, llevando a cabo las diligencias.

–¿Garantizaría usted que la PGR no está siendo utilizada para atacar al enemigo político?

–El gobierno tiene la obligación irrestricta, en apego a la ley, y eso alcanza para todos los servidores públicos.

–¿Qué garantía hay de que el Cisen no sea utilizado como escucha de políticos?

–Hay servidores públicos probos, pasados por controles de confianza.

–¿Da su palabra?

–Por supuesto. Y si algún servidor público se separa de esa obligación, será identificado, investigado y sancionado con todo el rigor de la ley.

–En el caso de la interlocución, no hay evidencias de un diálogo con los partidos políticos, salvo el encuentro privado que tuvo con la precandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, y tampoco de la presencia de la Secretaría de Gobernación en este fuego cruzado entre los partidos, cuyos dirigentes aseguran que no se han reunido con usted. Entonces, se deduce que alguna de las partes está mintiendo.

–El secretario de Gobernación no miente. Yo tengo diálogo con todas las fuerzas políticas, permanentemente.

–¿Son contactos telefónicos o personales?

–De todo tipo; con representantes, liderazgos, legisladores, gobernadores, de todo. A veces la agenda es un poco más eficaz si es un poco más discreta.

–Insisto, ¿qué está haciendo el secretario de Gobernación ante el fuego cruzado?

–Hablando con los actores políticos, de cerca, sistemáticamente, acerca de los márgenes que otorga la ley para esta competencia y también sobre la responsabilidad compartida. Quizá somos más discretos que en el pasado. Soy bien discreto en esas cosas, la verdad.