En pleno proceso electoral y especialmente en una de las etapas de más intenso trabajo en el Registro Federal de Electores (RFE), su titular, Víctor Guerra, inició un viaje a París por una semana, invitado por la empresa Sagem Defénse Segurité y su filial Morpho, las cuales tienen el contrato de elaboración de la credencial de elector. La visita de Guerra a la capital francesa se produce cuando falta menos de una semana para el vencimiento del contrato actual.

Apenas en diciembre pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE) canceló la licitación pública para un nuevo contrato con Sagem, que podría superar 20 millones de dólares, y lo prorrogó, por asignación directa el que tienen vigente, hasta 2013.

La empresa Sagem, de origen francés, obtuvo un primer contrato con el IFE en 2005, cuando desde el RFE se inició una estrategia de uso de biométricos para el mejoramiento de la calidad del padrón electoral, mediante la cual se instrumentó la solución integral de identificación de biométricos. Entonces se pactó un periodo de 2 años para que apoyara en la identificación de los ciudadanos mediante servicios basados en tecnologías automatizadas por huella dactilar e imagen facial.

En 2008, Sagem obtuvo una prolongación de sus servicios para el IFE con el argumento de dar continuidad al proyecto, cuya vigencia se prorrogó hasta julio de 2010. En esa fecha el instituto volvió a recontratar a Sagem con una nueva vinculación que vence el próximo martes, bajo el argumento de que al continuar con el procedimiento de licitación se podrían ocasionar daños o perjuicios al RFE.

Según el RFE, la decisión de cancelar la licitación internacional obedeció a que se cayó en la cuenta de que en la convocatoria no se indicó un rubro específico para que los controles fueran claros, medibles y cuantificables en materia de seguridad de la información y de infraestructura asociadas al objeto de esta licitación. Y agrega el oficio justificatorio: el daño se refleja en que bajo el esquema de licitación convocada, el RFE no puede garantizar la confidencialidad e inalterabilidad de las bases que conforman al padrón y la credencial para votar.