La riña en el penal de Apodaca, Nuevo León, ocurrida el domingo pasado, en la que 44 reos murieron, es sólo una muestra de la crisis en que se encuentra el sistema carcelario nacional, el cual está envuelto en una enorme corrupción, tráfico de drogas, prostitución y trata de personas, coincidieron legisladores de PRI, PAN, PRD y PT, así como especialistas universitarios y activistas por los derechos humanos.

En entrevistas por separado, los legisladores sostuvieron que el enfrentamiento, en el que además escaparon al menos 30 reos, revela el agotamiento del sistema penitenciario nacional, que ha fallado en su principal objetivo: la reinserción social de los internos.

Los legisladores plantearon que no sólo prevalecen la corrupción, la impunidad y la violación a los derechos humanos de los reclusos, sino que no se atiende la obligación de separar a los procesados de los sentenciados, hombres de mujeres y por niveles de peligrosidad.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando (PAN), aprovechó para promover que la Cámara apruebe la iniciativa de su partido con la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, que busca hacer obligatoria la separación de reos y evitar la sobrepoblación.

La secretaria general del PRI y diputada federal por Guadalupe, Nuevo León, Cristina Díaz, planteó la necesidad de reformar el sistema carcelario con el fin de evitar la mezcla de delincuentes del fuero común con narcotraficantes y secuestradores. Atribuyó la violencia en los penales a la falta de atención del gobierno federal y de una política pública para instrumentar la regeneración de esos centros.

El coordinador del PT, Pedro Vázquez González, comentó que dicho enfrentamiento evidencia la corrupción e impunidad que prevalecen en las cárceles. El coordinador del PRD, Armando Ríos, resaltó que la mayoría de los delitos de extorsión y secuestro se planean en las penitenciarías.

René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizó que en el país existe un modelo de penas y no de rehabilitación.

Ello porque el primero deja grandes ganancias económicas para ciertos sectores. Aumentar las penas genera manutención del familiar detenido en la cárcel, donde todo cobran, hasta el agua o la comida.

Óscar Galicia Castillo, coordinador del Laboratorio de Investigación en Neurociencias de la Conducta de la Universidad Iberoamericana, dijo que los hechos muestran por enésima vez la indiferencia del sistema de seguridad nacional mostrando sus fauces de corrupción y criminalidad intrínseca, y que no se emiten sentencias que promuevan la rehabilitación.

Según datos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de 1990 a 2010 la cifra de personas privadas de su libertad pasó de 90 mil a 220 mil. De ese universo, 45 mil son del fuero federal. De los 429 penales de México, en 212 existe sobrepoblación. Las cárceles son espacios propicios para que se cometan atentados contra la dignidad humana.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aseveró que desde hace tiempo se habla de autogobiernos, de la venta de protección a internos, lo cual es ilegal. Incluso, se ha denunciado el control de la delincuencia sobre los penales, donde los directores “sólo administran la parte exterior, pura apariencia, pero en el interior son los poderes de facto los que deciden, los que ejecutan y los que mandan”.