El presidente del Congreso de Baja California, David Jorge Lozano Pérez, entregó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) un exhorto, aprobado por los legisladores de esa entidad, en el que solicitan que la dependencia federal investigue los presuntos nexos con el narcotráfico que tendrían los ex gobernadores panistas bajacalifornianos Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy.

Lozano Pérez, quien pretendía entrevistarse con la procuradora Marisela Morales y únicamente fue recibido por un funcionario menor, dijo que la PGR debe abrir una indagatoria sobre los hechos que denunció en abril de 2008 el entonces comandante de la segunda Zona Militar, general Sergio Aponte Polito, quien hizo referencia a posibles vínculos de los ex mandatarios blanquiazules con el crimen organizado.

Denunció el legislador que a pesar de que en años recientes se han hecho públicos en los medios de comunicación de ese estado los presuntos vínculos de Ruffo y Elorduy con el crimen organizado –particularmente destacó la carta del militar–, hasta la fecha la autoridad federal no ha abierto ninguna investigación al respecto.

Entrevistado al salir de la dependencia federal, Lozano Pérez evitó comentar si hay un trato diferenciado de la PGR hacia los ex gobernadores priístas (como es el caso de los tamaulipecos Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández, quienes sí son investigados por la PGR por presuntos nexos con el narcotráfico) con respecto de los mandatarios estatales panistas, quienes pese a las denuncias en su contra no son objeto de ninguna indagatoria.

Puntualizó que con el exhorto, firmado por cinco (de las siete) fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de Baja California (PRI, PRD, PT, PVEM y Partido de Baja California), los diputados de la entidad responden al reciente llamado que hizo el presidente Felipe Calderón, quien dijo “que está muy interesado en sacar la narcopolítica de la política”.

Lozano Pérez dijo que a él no le corresponde presentar pruebas de sus señalamientos; que su única petición a la PGR es que investigue las denuncias públicas para deslindar responsabilidades.

El punto de acuerdo fue aprobado el 14 de febrero pasado, con el voto en contra de los diputados del PAN y la abstención del Partido Nueva Alianza (Panal).

El documento señala que los presuntos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas durante las gestiones de los ex gobernadores Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy son una afrenta contra los bajacalifornianos, que exigen verdad y justicia. La protección que dieron a integrantes del narcotráfico ofende a la memoria de aquellas mujeres y hombres cuyo destino fue perder a sus seres queridos y que eran inocentes.

Los legisladores señalaron que “el financiamiento del cártel de los Arellano Félix por 500 mil dólares para la entonces candidatura a la gubernatura de Ernesto Ruffo –actual precandidato del PAN al Senado– para muchos bajacalifornianos no es un tema desconocido”, ya que es bien sabido que Ruffo obtuvo grandes ganancias producto de negocios ilícitos.

En el caso de Elorduy, el punto de acuerdo que fue leído en el Congreso sostiene además que la sociedad bajacaliforniana ha exigido una investigación para que enfrente la justicia derivado de las irregularidades en la construcción del bulevar 2000, desde el momento en que se dio a conocer que su edificación encubrió la introducción de un ducto de gas de la trasnacional Sempra Energy, y donde se ha comprobado que existe la asociación del político con esa empresa, usando el nombre de su hija Erika Elorduy.