Buenos Aires, 20 de febrero. La noticia del procesamiento de periodistas chilenos por complicidad con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que realizaron montajes mediáticos sobre supuestos enfrentamientos de militares con opositores que eran fusilados, creó esperanzas en organismos humanitarios locales al recordar que en Argentina también hubo colaboradores entre medios y periodistas durante el proceso dictatorial de las juntas militares (1976-1983).

El pasado 15 de febrero la Agencia de Noticias de Derechos Humanos (argentina) informó sobre el procesamiento en Chile de un grupo de periodistas, incluido el ex director de Prensa de Televisión Nacional (TVN) Roberto Araya Silva, por el macabro montaje para simular un enfrentamiento en Rinconada de Maipú, donde fueron fusiladas cuatro personas detenidas y torturadas en el Centro Clandestino de Villa Grimaldi.

Esto había sido preparado por la policía política de Pinochet (Dirección Nacional de Inteligencia, Dina), a cargo del general Manuel Contreras, quien era un viejo amigo del periodista Araya Silva cuando éste era locutor de radio y al que llevó a ser director de TVN y jefe de seguridad de ese canal.

El juez Alejandro Solís, que entiende en la causa de los ejecutados en Rinconada de Maipú, dictó el procesamiento por homicidios calificados.

Además, alrededor de estos asesinatos, varias familias, incluidos niños, fueron detenidos y torturados en los centros de detención chilenos, conformándose una red de delitos de lesa humanidad.

Otros periodistas sancionados por los mismos hechos por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas son Vicente Pérez Zurita, Manfredo Mayiol Duirán, Julio López Blanco y Claudio Venegas Sánchez.

En 2008 el mismo Araya fue expulsado con otros colegas por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas por participar en otro esquema criminal de desinformación en apoyo de la Operación Colombo, tramada por la Dina en 1975, predecesora de la Operación Cóndor, coordinadora criminal de las dictaduras del cono sur.

En el caso de la Operación Colombo se realizó un montaje en el cual colaboraron medios de Chile, Argentina y Brasil cuando la Organización de Naciones Unidas exigió a Pinochet información sobre 119 detenidos desaparecidos. Con ayuda de servicios de inteligencia y la parapolicial Alianza Anticomunista de Argentina (Triple A), se hizo aparecer cinco cadáveres decapitados, irreconocibles, en Buenos Aires y alrededores, a los que les colocaron documentos falsos con los nombres de cinco de los desaparecidos chilenos, para argumentar que éstos se estaban matando entre ellos en el exilio.

Tuvieron otras colaboraciones en el noroeste del país tratando de que la información llegara desde afuera para darle más credibilidad y que fuera levantada por la prensa chilena, que era parte del armado, para justificar que los desaparecidos habían muerto en disputas afuera o intentado ingresar a Chile para armar guerrillas.

Finalmente, muchos años después, varios de los cadáveres de los desaparecidos en Chile fueron encontrados en fosas como NN en ese país y alrededor de los campos de concentración donde los mataron.

El fallo de 2008 del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile se basó en un expediente de 250 páginas de testimonios y pruebas, y sancionó a los periodistas que como responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación profesional y su compromiso con la sociedad de trabajar con la verdad, con lo cual fallaron en su deber ético esencial.

Los sancionados fueron Fernando Díaz Palma, que en 1975 dirigía el diario Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio, Alberto Guerrero Espinoza, que se desempeñaba como director del diario La Tercera de La Hora; Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio. Algunos medios también fueron condenados a pagar indemnizaciones.

Este precedente es evaluado en Argentina, donde periodistas y medios locales colaboraron con los servicios de inteligencia y los paramilitares de la Triple A y fueron mencionados en el caso de la Operación Colombo. Lo mismo sucedió en Brasil, cuando se levantó de la quiebra al diario O Día a cambio de la cooperación en ese mismo caso.

En Buenos Aires salió por una vez la revista Lea, que fue tirada en las imprentas de José López Rega, uno de los fundadores de la Triple A.

Lo sucedido en Chile en 2008 y en estos días sienta precedente para juzgar a los colaboradores, tanto periodistas como medios, de la pasada dictadura militar.

El caso de la empresa Papel Prensa aquí es emblemático, ya que fue comprada en 1976 a precio muy bajo por los diarios Clarín, La Nación y Razón (con menos acciones, que después vendió) durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, quien los apoyó.

En los últimos tiempos salieron a luz las denuncias y testimonios de varios de los afectados por esta venta, que se realizó cuando ellos estaban en manos de la dictadura, algunos torturados y sufriendo persecuciones y amenazas, como otros empresarios, para obligarlos a vender.

También existen periodistas y medios colaboradores de la dictadura y centenares de informes de enfrentamientos falsos para encubrir fusilamientos y asesinatos.