La concesión por 20 años para la explotación de la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al consorcio Megacable-Televisa-Telefónica no generó ningún beneficio para el Estado, e incluso se calcula una pérdida de 4 mil 548 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concesionó la red, a pesar de que conocía la no conveniencia de otorgarla, debiendo presentar argumentos y objeciones a CFE para no hacerlo. La CFE, dueña de la red, también, expuso.

La entrega de la red –anunciada en 2009 por Felipe Calderón– no se justificó, porque la unidad de negocios que la CFE tiene para comercializar servicios de transmisión de datos (carrier), CFE Telecom, sí genera utilidades, indicó la ASF.

En un cálculo hecho a partir de contratos previos de CFE Telecom, la auditoría considera que de haber mantenido la red en propiedad de la paraestatal habría generado ingresos por 5 mil 431 millones de pesos, pero las empresas sólo pagarán 883 millones, por lo que solicitó el inicio de responsabilidades administrativas contra los funcionarios que aceptaron entregar la red de fibra oscura a particulares, en perjuicio del Estado.

Al revisar el daño al erario, la auditoría reveló que tanto la SCT como la CFE se deslindaron de aprobar la concesión e incluso afirmaron que la opinión a favor la dieron la Comisión Federal de Competencia y Nacional Financiera, que contrató dos despachos de abogados por 10 millones de pesos, y a Transparencia Mexicana como testigo social por 757 mil pesos.

También la SCT afirmó que el visto bueno a las prebases lo dieron el CIDE –a través de Judith Mariscal y Ernesto Flores-Roux–, las cámaras de Telecomunicaciones por Cable y de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el consultor de The Competitive Intelligente Unit, Ernesto Piedras. Además incluyó el estudio Industria de las telecomunicaciones en México; diagnóstico, prospectiva y estrategia, de Federico Kuhlman, del Centro de Estudios de Competitividad.

Como parte del informe de la auditoría a la Cuenta Pública 2010, refirió que en los criterios de adjudicación se consideraría el importe determinado por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), más 3 por ciento.