Ocho meses después del inicio de auditorías al área de juegos y sorteos de la Secretaría de Gobernación (SG), la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha emitido información alguna acerca del estado en que se encuentra esa indagatoria.

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el diseño del sistema de control interno, utilizado en el proceso de supervisión de permisos para la operación de casas de juego, presenta debilidades y no tiene políticas, bases, lineamientos y procedimientos en materia de supervisión y vigilancia de los permisos.

El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 revela también una base de datos desactualizada, irregular verificación a establecimientos y, al menos, 108 establecimientos que operaron ese año sin supervisión de Gobernación. 

A su vez, no se halló evidencia de que 12 permisionarios cumplieron con las obligaciones que les impone el permiso correspondiente. La ASF halló, asimismo, diversas irregularidades en el manejo de participaciones, esto es: dinero entregado por los permisionarios según el volumen de ventas en casinos y establecimientos similares.

Los altos funcionarios de la SG tampoco cumplieron con sus responsabilidades, pues en 2010 no se realizó ninguna sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, a cargo del subsecretario de Gobierno. Pese al cúmulo de irregularidades, la SG no sancionó en ese periodo a ninguna empresa permisionaria.

Como se difundió la semana pasada, al momento de conocerse el reporte de la ASF, la SG no supervisó al permisionario 411, con 32 establecimientos en operación, incluido el casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, donde un incendio provocó la muerte de 50 personas.

En junio pasado, la SG dijo que los enviados de la SFP habían iniciado una investigación a fondo, al tiempo de que se preparaba una restructuración que incluia exámenes de control de confianza para el personal de la dirección general Adjunta de Juegos y Sorteos.

En agosto de 2011, el incendio del casino Royale derivó en un alud de declaraciones de Francisco Blake, entonces titular de Gobernación y su equipo, acerca de la situación general del área así como de la actitud de los permisionarios.

En septiembre se dio a conocer un primer balance sobre la existencia de 27 permisos que amparaban, en conjunto, a 561 establecimientos con permiso para operar. Días después se detalló un proyecto de mejoramiento y se informó que fueron interpuestas denuncias penales en contra de ex funcionarios del área en cuestión.

También se refrendó la existencia de denuncias administrativas ante la SFP por la probable acción administrativa irregular de los servidores públicos que resultaran.

Sin embargo, hasta ahora nada se ha dado a conocer acerca de posibles acciones y avances en este sector, identificado por la ASF como carente de un adecuado control de bases de datos de permisionarios, por lo que –advierte– no presenta una seguridad razonable en las operaciones que realiza ni para la consecución de sus objetivos institucionales.

Según las explicaciones emitidas por funcionarios de Gobernación –desde noviembre pasado encabezados por Alejandro Poiré– la crisis en el área de juegos y sorteos continúa prácticamente en los mismos términos de las irregularidades detectadas por la ASF en 2010.