Del año 2000 al 2010, la cantidad de quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se duplicó, aunque la mayoría de las mismas no fueron aceptadas a trámite, reveló el análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2010.

De acuerdo con dichas cifras, a inicios de la década pasada se interpusieron un total de 8 mil 257 denuncias ante el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva, y a finales de la misma esa cantidad aumentó hasta llegar a 16 mil 66, lo que representa un alza anual promedio de 6.9 por ciento.

Sin embargo, únicamente 40 por ciento de las 132 mil 693 quejas que se presentaron en total fueron aceptadas por alguna de las visitadurías generales de la CNDH, lo que a su vez generó 655 recomendaciones.

Las entidades gubernamentales con más demandas en contra fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (7 mil 308), la Procuraduría General de la República (7 mil 12), la Secretaría de la Defensa Nacional (6 mil 281) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (3 mil 824).

En la lista aparecieron también la Comisión Federal de Electricidad (2 mil 951), la Policía Federal (2 mil 392), el Instituto Nacional de Migración (2 mil 373), la Secretaría de Educación Pública (2 mil 191) y el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (2 mil 18), que acumularon 60 por ciento de los casos.

Algunos de los hechos violatorios más denunciados fueron el ejercicio indebido de la función pública (11.2 por ciento de los casos), prestación indebida del servicio público (7.8 por ciento), ejercicio indebido del cargo (7.2 por ciento), detención arbitraria (6.2 por ciento), tratos crueles o degradantes (5.5 por ciento), cateos domiciliarios ilegales (5.1 por ciento), prestación inadecuada del servicio eléctrico (3.4 por ciento) y violación a los derechos de los migrantes (2.5 por ciento).

SG y SRE, con mal desempeño

En dos análisis particulares, la ASF advirtió también que las secretarías de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE) tuvieron una labor no del todo satisfactoria en materia de respeto a los convenios internacionales de derechos humanos que México ha firmado.

De 47 tratados de este tipo a los que el país se ha adherido, sólo 33 de ellos tienen seguimiento y aplicación formal, mientras que los 14 restantes tienen un marco jurídico que ya fue superado por otros convenios firmados después.

Sin embargo, la SG no acreditó el cumplimiento de esos 33 pactos internacionales, debido a que no cuenta con ninguna unidad administrativa que vigile este aspecto, así como por la inobservancia del Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012, y por la falta de registro de los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo para cumplir las recomendaciones de la CNDH.

De igual forma, la cancillería no puso en marcha ningún programa para armonizar la legislación interna del país con los tratados internacionales de los que México es parte, ni formuló indicadores para medir la eficiencia del presupuesto en la materia, ni evaluó su apego a los convenios referidos.