Las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) formuló a la Cámara de Senadores acerca de la construcción de su nueva sede, son apenas la punta del iceberg, advirtió Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada del PT.

En tanto, el priísta Fernando Castro Trenti, presidente del comité para la administración del fideicomiso de construcción y equipamiento del edificio de Reforma e Insurgentes, reconoció que 10 meses después de que se cambiaron de Xicoténcatl, aún no reciben formalmente lo que se programó como Palacio Legislativo ni existe fecha aún.

A su vez, la priísta María de los Ángeles Moreno y el panista Ricardo García Cervantes coincidieron en que además de responder a las observaciones de la ASF, se debe llegar a fondo, incluso con denuncias penales contra los responsables de las fallas y anomalías en el inmueble.

Monreal recalcó que el reporte más reciente de la ASF, donde da cuenta de incumplimiento en disposiciones normativas, entre ellos la entrega excesiva de pagos anticipados a la constructora por casi 650 millones de pesos, entre otros, corrobora lo que él y otros legisladores han denunciado sobre las anomalías y los puntos poco claros en la edificación de la costosa sede.

Es algo que debe dilucidarse, que no puede mantenerse en sigilo y menos en la impunidad, como se pretende, señaló el legislador petista.

Insistió en que hay infinidad de irregularidades y hasta ilícitos que no han querido aclararse, como la decisión de comprar materiales de construcción en el extranjero, que es el caso del mármol negro importado de China, y escritorios, sillas y demás inmobiliario adquirido en España y en Italia.

Consideró que seguramente se trata de saldos que permitieron inflar costos y encarecer artificialmente la obra.

El 4 de noviembre de 2011, el subdirector de Administración Fiduciaria de Banobras, Alejandro Bustos, informó en la sede senatorial que el edificio se entregaría en 30 o 40 días, ya que ese banco realizaba la verificación de la calidad de los procesos que efectuó la constructora Gami. Sin embargo, tres meses después eso no ha ocurrido.

Castro Trenti comentó que están por pactar una nueva fecha con Banobras, organismo al que la constructora debe hacer primero la entrega del edificio. Agregó que han dado instrucciones a la Secretaría de Administración y Finanzas, responsable de revisar en qué términos y formas debe recibirse la sede, para que se rechace todo aquello que no cuente con la calidad pactada y que sancione toda inconsistencia.

En cuanto a las observaciones de la ASF, consideró que deben atenderse y sanear lo que sea susceptible de hacerlo. La instrucción dada a Banorte y al personal del Senado que tiene a su cargo las finanzas del edificio, es que se revise a fondo cualquier irregularidad, se establezcan multas e incluso se presenten las denuncias penales correspondientes, en caso de ilícitos.

García Cervantes recalcó que la sede se construyó con recursos públicos y no puede permitirse ningún mal uso de ellos ni nada que tenga que ver con prácticas de corrupción.