La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio entrada a una queja del Frente Parlamentario contra el Hambre en contra del presidente Felipe Calderón, por actos y omisiones ilegales e injustos del Ejecutivo que han agravado la crisis alimentaria padecida por la población en pobreza.

Durante una reunión del Frente Parlamentario contra el Hambre, realizada en el Senado, el vicecoordinador de ese organismo, el diputado del PRI Reginaldo Rivera de la Torre, informó que la queja está en la Quinta Visitaduría de la CNDH y confía en que se le dé trámite acelerado, dada la gravedad del problema.

Frente a otros legisladores, entre ellos la diputada Ifigenia Martínez, del PT, y las senadoras María de los Ángeles Moreno, del PRI, y Yeidckol Polevnsky, del PRD, expuso que debido a las políticas seguidas por Calderón, la situación de la población que padece pobreza alimentaria, que para 2010 se estimó en 57.7 millones de personas, se ha agravado debido al encarecimiento de los productos de consumo básico.

En la queja a la CNDH, explicó, se destaca que la disminución de la producción de granos y el incremento de su precio, aunado a los efectos de la sequía en varias entidades del norte y la falta de apoyo gubernamental, se ha traducido en hambre, que es la que se está padeciendo en varios sectores de la población y que se ha hecho más visible con los indígenas rarámuris de Chihuahua, pero que lamentablemente está presente en otras regiones del país.

El frente de parlamentarios pide a la CNDH que investigue a Calderón por violación sistemática de los derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación, ya que la pobreza y pobreza extrema presentes durante su sexenio han tenido como consecuencia muerte en la población, desempleo, desnutrición, insuficiencia alimentaria y falta de abasto en las regiones norte, sur y altiplano central del territorio nacional.

La queja ante la CNDH es la primera de varias acciones legales que ese frente va a emprender contra Calderón. Polevnsky recalcó que pese a la reforma a la Carta Magna, la soberanía alimentaria no está garantizada, ya que el gobierno federal no ha aplicado políticas públicas ni invertido en la infraestructura que permita la producción y el abasto necesario de alimentos.