Entre 2012 y 2011 las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (Fepade) aumentaron 140.5, al pasar de mil 94 a 2 mil 631, de acuerdo con el informe más reciente de José Luis Vargas, hasta el martes titular del organismo, en el cual señala que 92 por ciento de los casos se refieren a alteraciones del padrón electoral y se presentaron ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).

La presentación del documento provocó otro intercambio de descalificaciones entre PRI y PAN por la reciente remoción de Vargas. El Presidente sucumbe a las tentaciones autoritarias de manipular al gobierno federal y a las instituciones bajo su mando para intentar alinear una estrategia de incondicionales, afirmó el priísta Sebastián Lerdo de Tejada.

Señaló que la nueva titular de la Fepade, Imelda Calvillo, estaría involucrada en una falta que investiga la SIEDO por no haber ejercido acción penal contra zetas, con el que se relacionó a su esposo cuando ella era delegada de la PGR en Puebla, y sostuvo que los priístas exigen una explicación del nombramiento.

El representante del PAN, Guillermo Bustamante, consideró que la postura del priísta era una sobrerreacción y dijo que más grande que esas dudas y más grande que sus fantasías es el miedo que expresan por el vertiginoso ascenso de nuestra candidata en las encuestas; pretenden curarse en salud e inventar historias relacionadas con el tema de la Fepade.

En tanto, el consejero Marco Antonio Baños sostuvo que “el desempeño de Vargas ha sido siempre eficaz y diligente y consideró que quizá no haya sido el mejor momento para removerlo.

El perredista Pablo Gómez indicó que el problema de la Fepade no se reduce a quién conduzca sus destinos, sino a su desempeño y sus limitaciones. El balance es negativo y los grandes escándalos electorales del país en años ya idos siempre quedaron en completa impunidad desde el punto de vista penal.

Durante la sesión, el Consejo General desahogó varias quejas de PRI y PAN contra Andrés Manuel López Obrador por propaganda del Movimiento Regeneración Nacional en el cual presuntamente se promovía al candidato en periodo de precampañas. El IFE consideró infundadas las quejas, ya que no se trató de actos anticipados de campaña del precandidato del Movimiento Progresista.