Una verdadera ley de seguridad nacional debe incluir apartados sobre garantías humanas y ciudadanas y emanar de la discusión y decisión de la población, no sólo de los políticos, señalaron especialistas.

Durante un foro sobre la ley de seguridad nacional, organizado por la Coordinadora Nacional contra la Militarización y realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Clara Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, resaltó que las organizaciones civiles han impulsado la aprobación de una norma que incluya la visión de la sociedad.

Indicó que el estado de militarización que ha impuesto el gobierno de Felipe Calderón crea el ambiente propicio para la violación sistemática de los derechos humanos y la criminalización de la protesta social.

En años recientes, sobre todo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, agregó, las fuerzas armadas han sido favorecidas con el propósito de generar una militarización no sólo en México, sino en la mayor parte de América Latina, hecho que va más allá de las decisiones de los gobiernos locales, pues se trata de un proyecto impulsado desde Estados Unidos.

Indicó que en México el presupuesto para las fuerzas armadas se incrementó 81.7 por ciento en cinco años, al pasar de unos 24 mil millones de pesos en 2005 a más de 43 mil 632 millones en 2010. De ahí la preocupación de las organiszaciones no gubernamentales de impulsar entre las esferas dirigentes una ley de seguridad nacional que incluya la visión ciudadana.