Lima, 13 de febrero. El boom minero que vive América Latina por el aumento de la demanda y de los precios en el mercado internacional es resistido mediante huelgas regionales, manifesataciones y marchas de las poblaciones afectadas que han salido en defensa del ambiente y el agua.

Hay un incremento, en número y en intensidad, de conflictos mineros por el agua, por la extensión de las concesiones mineras, por la contaminación de los ríos, por el desplazamiento de las actividades y de la población, explicó el economista José de Echave, ex viceministro peruano de Medio Ambiente. Pero son, sobre todo, por el agua, agregó.

Desde México hasta la Patagonia varios megaproyectos han sido frenados y hasta suspendidos por la férrea oposición de ciudadanos a sacrificar su entorno, a pesar de los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas y los mensajes de progreso con inclusión social (creación de empleo) con los que las autoridades justifican su aprobación.

El problema es que para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, muchas veces hay que cambiar pueblos enteros de lugar, talar bosques con fauna y flora endémicas o hasta secar lagunas y trasvasarlas.

Las organizaciones ambientalistas critican que las empresas utilicen millones de litros de agua para extraer minerales y recurran, además, al uso de cianuro altamente contaminante, como en el caso de las minas a cielo abierto, para separar el oro de la roca.

Un claro ejemplo es Panamá, donde el conflicto entre los indígenas ngöbe-buglé y el gobierno por un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas ha dejado esta semana dos muertos.

Según Raisa Banfield, directora de la fundación Panamá Sostenible, el proyecto contempla talar cinco mil hectáreas de bosque; habrá pérdida de biodiversidad y de hábitat para especies endémicas y contaminación de suelo, de aguas subterráneas y de ríos, explicó.

En el noreste de Perú, tras semanas de disturbios que llevaron al presidente Ollanta Humala a decretar el estado de emergencia, el proyecto Conga, de 4 mil 800 millones de dólares, quedó suspendido a la espera de que tres peritos extranjeros evalúen el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía Yanacocha.

En Argentina, unas 20 personas fueron detenidas el miércoles primero de febrero en el desalojo de un bloqueo carretero que buscaba impedir la explotación de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro en el noroeste del país.

Aquí ya se había hecho emblemática la localidad de Famatina (mil 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), que en los últimos años logró suspender dos proyectos auríferos.

Hay además proyectos paralizados en otros países, como Costa Rica y Colombia. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, hay más de 120 disputas en toda la región.

Es cierto que hay una nueva conciencia ambiental entre los pobladores. Pero también la gente se está dando cuenta de las ganancias extranormales que deja la minería y quiere que parte de éstas se queden en su región, explicó Juan Carlos Belausteguigoitia, economista ambiental para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Según la institución financiera internacional, 30 por ciento de las inversiones en exploración de nuevos yacimientos está en América Latina; en países como Chile, Perú o Colombia, el sector minero puede alcanzar el 20 por ciento del PIB.

En Brasil, la producción minera alcanzó un estimado de 11 mil millones de dólares en 2011, 20 por ciento más que el año anterior, mientras Ecuador prevé para 2012 un crecimiento del 5.35 por ciento del PIB, gracias a la explotación de oro y plata.

A pesar de las oportunidades que ofrece, América Latina ya no es el paraíso desregulado para las grandes compañías mineras.

Se ha avanzado mucho en cuanto a normatividad ambiental, aunque todavía falta por hacer. Hasta hace poco los ministerios de Medio Ambiente eran los hermanos pequeños de los gabinetes, explica Belausteguigoitia.

Ahora, cuanto más grandes sean las empresas, más cuentas tienen que rendir y más probabilidades tienen de mejorar su desempeño ambiental, agrega, sin olvidar que todavía existen vacíos legales en cuanto a prevención del impacto ambiental a largo plazo, tras el cierre de la mina.