Senadores e integrantes de organismos no gubernamentales y movimientos sociales han iniciado una batalla para lograr que se modifique el proyecto de reglamento de la Ley de Migración que elaboró la Secretaría de Gobernación, ya que consideran que revierte el espíritu de esa norma, que es proteger a los extranjeros que cruzan por territorio nacional y garantizar su integridad y sus derechos humanos.

La pretensión de la secretaría que encabeza Alejandro Poiré es mantener la discrecionalidad de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y convertir la frontera norte en una garita de migración en beneficio de Estados Unido, advirtió José Jacques Medina, ex diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigente del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Él y otros integrantes del grupo de trabajo sobre política migratoria se reunieron el jueves pasado con senadores de la Comisión de Población, a quienes pidieron que los apoyen para echar abajo ese reglamento o para presentar una controversia constitucional en caso de que finalmente el gobierno de Felipe Calderón decida publicarlo.

Los senadores perredistas Rubén Velázquez y Máximo García Zalvidea reconocieron que nunca fueron consultados por las autoridades de Gobernación en torno a ese reglamento, cuya finalidad debería ser sentar la bases para que opere la Ley de Migración aprobada el año pasado por el Congreso, no modificar la legislación en los hechos.

García Zalvidea dijo que no conoce el proyecto de reglamento que desde mediados de enero las autoridades de Gobernación entregaron a las organizaciones integrantes del grupo de trabajo sobre política migratoria, ente las que se encuentran los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro, Fray Matías de Córdova, Coalición por la Defensa del Migrante de Baja California, Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana, Red por los Derechos de la Infancia en México y Sin Fronteras.

Jacques Medina, quien ha dedicado toda su vida a la defensa de los migrantes, por lo cual el PRD lo postuló para una diputación federal en la pasada legislatura, se entrevistó ya con el presidente de la Comisión de Población del Senado, el panista Humberto Andrade Quezada, quien se comprometió a hablar con el secretario de Gobernación.

La demanda de las organizaciones, recalcó, es que el anteproyecto se modifique antes de publicarlo y se abra una mesa de trabajo para la discusión del articulado, ya que tal como está redactado permite que persistan las violaciones de derechos humanos de los migrantes, fundamentalmente centroamericanos, en territorio nacional, así como de sus defensores.

Hizo notar que uno de los mayores avances que incluye la Ley de Migración es la expedición de una visa de visitante para que el migrante pueda viajar por territorio nacional sin ser víctima de atropellos por policías, funcionarios o de la delincuencia organizada, el cual se anula en los hechos, ya que se imponen requisitos difíciles de cumplir, entre ellos comprobar solvencia económica y que regresará a su país de origen.

En general, recalcó, el reglamento echa por tierra la posibilidad real de salvaguardar al extranjero que cruza por el país. Por ejemplo, en el artículo 148 se señala que los migrantes víctimas de delitos graves tendrán derecho a la protección de su integridad y serán canalizados para su atención médica y sicológica, pero no se indican con claridad los plazos para dar parte del ilícito a las autoridades judiciales, lo que se deja al arbitrio del INM.

Jacques Medina recalcó que entre las modificaciones que proponen a ese reglamento está que las organizaciones de la sociedad civil participen en la vigilancia y evaluación de la política y acciones públicas migratorias, como herramienta fundamental para atacar la corrupción.

Asimismo, que se modifique la discrecionalidad excesiva que se da a la autoridad migratoria y se garantice el acceso a la justicia y al debido proceso para los migrantes, en especial la reglamentación en la definición del interés superior de la niñez.

Hizo notar que en abril se discutirá en Estados Unidos la restrictiva ley Alabama y lo ideal sería que el Congreso mexicano participara como amigo de la Corte, con una ley de migración ejemplar.