Senadores de PRI, PRD y PT consideraron que la afirmación del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, de que la seguridad interior está bajo grave amenaza, es un reconocimiento tácito del fracaso de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado.

Es un acto de honestidad intelectual lo afirmado por el jefe militar, pero al mismo tiempo es muy preocupante, porque nos da la razón a quienes hemos insistido en que no ha funcionado la forma de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, algo que el presidente Felipe Calderón no ha querido aceptar, comentó el senador priísta Francisco Labastida Ochoa.

A su vez, el senador del PRD Pablo Gómez Álvarez consideró que se debe exigir al responsable de las fuerzas armadas aclarar a qué se refiere o cuáles son los problemas concretos.

Las presiones que sufren autoridades civiles y la situación en varias regiones del país por la presencia del narcotráfico ya la conocemos, pero lo que no sabemos es de lo que está hablando concretamente el secretario de la Defensa, sostuvo.

El perredista recalcó que el secretario Galván debe una explicación al país, y si no la da, hay que pedírsela, pero lo que no puede hacerse es interpretar lo que dicen los generales.

Estos jefes militares, sostuvo, deben ser lo suficientemente claros, porque, ¡cuidado con que empiecen con lenguajes crípticos!, ya que en el mundo se han visto muchos problemas a propósito de situaciones como ésas.

El senador del PT Ricardo Monreal recordó que en reuniones que el titular de Sedena ha sostenido con legisladores ya había mencionado ese tema, pero no como ahora: en un acto público y con el reconocimiento de que en algunas regiones del país la delincuencia se apropió de las instituciones del Estado.

Después de escuchar esa exposición, “queda claro que la estrategia antinarco de Calderón ha sido un fracaso”, recalcó.

En relación con el nuevo llamado al Congreso formulado un día antes por el secretario de la Defensa con el fin de que se aprueben las reformas pendientes en materia de seguridad y combate a la delincuencia, los tres legisladores coincidieron en que el problema no es de más leyes, sino de estrategia.

Llegada del titular de Sedena y el presidente Felipe Calderón al castillo de Chapultepec, el jueves pasado, para la ceremonia por el aniversario 99 de la Marcha de la LealtadFoto Marco Peláez

Labastida respondió al general que ningún gobierno ha tenido un soporte jurídico más fuerte que el de Calderón, al que el Poder Legislativo ha aprobado leyes controvertidas, modificaciones constitucionales que en algunos casos lindaron con la afectación a derechos humanos y garantías individuales.

Fue el caso, dijo, del arraigo, que permite a autoridades retener por 60 días a presuntos culpables, en contra de las garantías fundamentales, pero lo aprobamos porque lo pusimos en la balanza y llegamos a la conclusión de que era preferible correr esos riesgos y pagar esos costos para poder avanzar.

Agregó que ni siquiera con esas leyes de excepción la estrategia gubernamental dio resultados positivos, porque Calderón no cuenta con una estrategia bien articulada, con policías depuradas, con sistemas óptimos de inteligencia y contrainteligencia, ni se ha fortalecido la investigación ministerial.

El ex secretario de Gobernación recordó los datos que ha expuesto antes el especialista Miguel Carbonell, quien señaló en octubre pasado que en los primeros cinco años del actual sexenio se ha detenido a 110 mil personas ligadas con el crimen organizado, pero sólo 5 mil están encarceladas.

Él preguntaba dónde están los otros 105 mil, y apuntaba también que en ese mismo lapso fueron condenados menos de mil delincuentes ligados al narcotráfico, de los 110 mil detenidos; es decir, menos de uno por ciento.

Los delincuentes quedan libres porque las averiguaciones previas no se construyeron bien, agregó. Lo que quiero decir es que no es cosa de leyes, porque el Congreso ya hizo su parte.

Monreal, en tanto, señaló que la Ley de Seguridad Nacional, en la que se regula la participación del Ejército en tareas policiacas, fue aprobada por el Senado, pero está congelada en la Cámara de Diputados, por presiones de la propia cúpula castrense.