La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados anunció que la estrategia de seguridad nacional que sea analizada –y en su caso aprobada– en el Congreso mexicano se sustentará en el consenso con la sociedad e incluirá una nueva normatividad para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para debilitar la estructura financiera de las organizaciones delictivas.

Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador de la fracción priísta, anunció que se detectarán actos y operaciones de lavado de dinero en coordinación interinstitucional para perseguir a quienes dañan la economía del país.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita combatirá la delincuencia con toda la fuerza del Estado, pero con respeto a la ley, a los derechos humanos y garantías individuales. Definirá y acotará los alcances y tiempos de los objetivos, además de dar certeza jurídica a las instituciones, definió el legislador.

Entre los argumentos destaca el pleno fortalecimiento del Estado y sus instituciones, blindar los sistemas de procuración y administración de justicia y combatir a fondo la corrupción e impunidad; promover cuerpos policiacos capacitados y bien pagados, así como cortar circuitos financieros del dinero ilícito y aplicar invariablemente la ley y justicia.

Con ello se detectarán los actos y operaciones de lavado de dinero con una coordinación interinstitucional, a fin de dar sustento a la persecución y sanción de quienes dañan la economía nacional por este medio; en este propósito se impulsarán acciones para lograr los consensos necesarios. Por tales razones, el Senado deberá aprobar las minutas referentes a la creación de la policía fronteriza y en materia de terrorismo.

El propósito de los priístas en el presente periodo ordinario de sesiones será el análisis a fondo del dictamen conjunto de la minuta del Senado que contiene diversas reformas a la Ley de Seguridad Nacional, y la disposición para aprobar la iniciativa que reforma el Código Penal Federal en materia de injurias, difamación y calumnias con fines electorales, con la función de proteger el derecho a la imagen pública de los candidatos y tutelar el marco de libertad, legalidad y transparencia que debe rodear todo proceso prelectoral y electoral.

Se impulsará una iniciativa que sancione con mayor severidad los delitos cometidos por servidores públicos y se fortalecerá el marco jurídico para impedir el ingreso ilegal al país de armas de fuego reservadas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas y así evitar su comercio ilegal y la posesión de ellas por particulares.

Sobre los ordenamientos legales en materia de educación, derechos humanos y protección de las niñas, niños y adolecentes, la bancada del Revolucionario Institucional combatirá la violencia interescolar (bullyng) y la pérdida de valores que afecta a esos sectores vulnerables.