Este miércoles se documentaron en ocho entidades 29 muertes presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada, entre ellas la de un dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio de Acayucan, Veracruz, donde el pasado martes se descubrieron varias narcofosas en las cuales había 15 cadáveres.

Mientras tanto en Torreón, Coahuila, el director del Centro de Reinserción Social, capitán retirado Alejandro Chacón, fue atacado cuando circulaba en un vehículo por la colonia Valle del Nazas. Chacón, quien resultó ileso, portaba un rifle con el cual enfrentó al grupo armado y lesionó en la cara a uno de los agresores. El resto de los atacantes huyó.

Por lo que hace a Veracruz, el líder regional cetemista Javier Pulido murió a balazos en sus oficinas de Acayucan. La procuraduría estatal indicó que “fuerzas del orden realizan un operativo en la zona (el sur de la entidad) para ubicar al agresor, quien está plenamente identificado por los testigos de los hechos”. Por otra parte, se informó de otros ocho homicidios en la entidad, entre ellos los de cuatro sujetos hallados junto con un narcomensaje dentro de un automóvil abandonado en la calle Encanto, de Jalapa, cerca de las instalaciones del Congreso local.

Asimismo, en Jalisco, el ex subdirector operativo de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, Javier García, fue asesinado la noche del martes en Zapopan, cuando varios sicarios atacaron a balazos un automotor en el que circulaba acompañado por dos personas, quienes resultaron ilesas.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco arraigó a Francisco Daniel Yeme, de 23 años de edad, señalado como participante en el asesinato de 26 personas cuyos cadáveres fueron dejados en tres vehículos la madrugada del pasado 24 de noviembre en los Arcos del Milenio, en Guadalajara. Hasta ahora están también bajo arraigo otras ocho personas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad.

La jornada violenta incluyó a Nuevo León, donde hubo nueve asesinatos, cuatro en Chihuahua, dos en Durango, dos en Hidalgo, uno en Sinaloa y uno más en Baja California.

Mientras, elementos del Ejército Mexicano trasladaron a la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León a 175 oficiales de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey, para someterlos a pruebas de control de confianza.

A su vez, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que 791 cadáveres fueron enviados a la fosa común, por no estar identificados. La dependencia entregó los perfiles genéticos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para compararlos en un banco de ADN nacional.