Salvador de Bahía, 8 de febrero. El gobierno brasileño acusó hoy a los policías huelguistas en Bahía de violencia y de provocar pánico entre la población para obtener sus reivindicaciones, y teme que la protesta se extienda por el país en vísperas del carnaval, que atrae a millones de turistas.

En ocho días de huelga policial en Bahía han ocurrido 120 asesinatos, la mayoría en la región metropolitana de Salvador, además de robos, saqueos, tiroteos e incendios de vehículos y comercios, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública local. El promedio es de 15 asesinatos por día, más del doble del promedio de 2011 (6.2).

Asistimos a un aumento de vandalismo en estas huelgas, dijo el ministro de Justicia José Eduardo Cardozo al diario Estado de Sao Paulo.

Ocho personas que vivían en las calles fueron asesinadas el viernes pasado, incluida una mujer que amamantaba a su bebé en una plaza del centro de Salvador de Bahía.

El gobernador Jaques Wagner sugirió que los Policías Militares (PM) huelguistas pueden estar ligados a esta matanza, que es investigada por la policía civil, y los acusó de intentar intimidar a la población.

Fueron asesinadas personas que viven en la calle. No tengo cómo acusar a alguien, pero esto es parte de una táctica, declaró Wagner a la televisión Globo.

Agregó que algunos policías en huelga recorren las calles encapuchados, disparan al aire mientras circulan en moto y detienen autobuses para amenazar a los pasajeros.

El gobierno federal teme que la huelga policial se generalice en vísperas del carnaval y se extienda al estado de Río de Janeiro, donde los policías militares lanzaron un llamado a huelga para este viernes, así como en Pará, Paraná, Alagoas, Espirito Santo y Río Grande do Sul, entre otros.

Los policías en huelga exigen incremento salarial y amnistía para sus 12 líderes, quienes tienen órdenes de arresto. El gobierno de Bahía acepta el alza salarial pero de forma progresiva, en tres años, y rechaza el indulto a los líderes y otros policías que hayan violado la ley. Dos de los líderes ya han sido detenidos.

Frente a la amenaza de una epidemia de huelgas en el país, el gobierno de Dilma Rousseff ha desempolvado un proyecto de ley de 2007 que restringe el derecho de huelga de los funcionarios que cumplen servicios esenciales y exige un mínimo de 40 por ciento del personal en sus puestos de trabajo.