uieren desaparecer su legado, buscan que su espíritu sea exorcizado. Es lo que se proponen quienes desean usar como cabeza de playa las reformas al artículo 24 constitucional para disminuir tanto como sea posible las bases del Estado laico mexicano. En la Cámara de Diputados, bajo la presión para irse de vacaciones de fin de año, los legisladores hicieron modificaciones legales que garantizan, según ellos, el principio de libertad religiosa.

La verdad es que esa libertad poco aporta a los ciudadanos, pero amplía sustancialmente los espacios para las instituciones religiosas, particularmente los de la Iglesia católica y de las jerarquías que la gobiernan. La muestra es que no hubo previamente a la modificación del artículo 24 movilización alguna de la sociedad civil católica ni de ninguna otra confesión religiosa en favor de que se cambiara esa disposición legal. Lo que sí existieron fueron cabildeos de altos clérigos católicos para convencer a los legisladores, directamente o a través de personeros, de las supuestas bondades para todos al dar luz verde a las modificaciones legales.

Los desacuerdos con el acto legislativo y las críticas al apurado proceder de los diputados que aprobaron los cambios a un artículo clave en materia de libertad de creencias y culto provienen de varios lados. Nos interesa mencionar uno de ellos, el de asociaciones religiosas y sus líderes que están impulsando la declaración México laico. El documento rechaza los cambios constitucionales realizados al vapor, y defiende sin ambages al Estado laico.

La gran mayoría de los firmantes son integrantes de iglesias protestantes/evangélicas; también respaldan la toma de postura especialistas en el tema de la laicidad, investigadores universitarios e intelectuales de reconocida trayectoria. Señalan la existencia de una intencionalidad que busca revertir la condición laica del Estado mexicano. La primera etapa sería el cambio al artículo 24 con miras a lograr, más adelante y en condiciones más propicias a los intereses clericales católicos, cambios drásticos y favorables a su causa. Sostienen, y nos parece con razón, que a la reforma “se pretende usarla como punta de lanza para modificar los artículos de nuestra Constitución que son pilares del Estado laico. Para ello se busca insertar la expresión libertad de religión en el texto del artículo 24, pero no para ampliar las libertades, sino para exigir al amparo de ella el establecimiento de privilegios clericales: principalmente, el remplazo de la educación laica por instrucción religiosa en las escuelas públicas y el control de medios masivos de comunicación”.

Me parece que la clave está en la cuestión de los privilegios que tendría la Iglesia católica en caso de que la Cámara de Senadores ratifique lo modificado por los diputados. No es plausible que los intereses y presiones clericales logren una reconversión confesional del Estado mexicano, aunque abundan los nostálgicos de esa posibilidad. Pero sí es factible que, con la divisa de que se busca mayor libertad religiosa para toda la ciudadanía, subrepticiamente se filtre la real intención de la cúpula clerical católica. Es decir, aprovecharse de la inercia cultural de la clase política mexicana y tener un trato especial y ventajoso en detrimento de quienes tienen una confesión religiosa distinta al catolicismo. Destacados integrantes de distintos partidos políticos se comportan igual de obsequiosos con los jerarcas católicos. Lo mismo panistas, priístas y perredistas buscan quedar bien con los poderosos obispos, arzobispos y cardenales. Hay, por supuesto, excepciones individuales, pero políticos de uno y otro signo ideológico cometen el mismo error: creer que los altos funcionarios eclesiásticos tienen tras de sí el apoyo de su feligresía y son sus representantes naturales.

El cambio de los diputados, que esperamos no avalen los senadores, conlleva una propuesta toral. A ello llaman la atención los del manifiesto México laico: “Un punto central en esta cuestión es la redefinición de la libertad de religión que pretende implantar la jerarquía católica, quien oferta un concepto tendencioso y sesgado de dicha libertad, asegurando que ella exige, entre otras cosas, impartir educación religiosa en las escuelas públicas”. Esta es la pretensión embozada de los muy preocupados clérigos que son incapaces de educar a los infantes y adolescentes en sus propios espacios, y por ello tienen la intención de exigir que las escuelas les faciliten cumplimentar las tareas que no han podido hacer por sus propias fuerzas.

Me parece que observan bien los múltiples firmantes de la declaración al decir que los estudiantes pertenecientes a las minorías religiosas van a tener consecuencias negativas de prosperar la reforma al artículo 24. “La implantación de educación religiosa en las escuelas públicas ocasionará que los niños y adolescentes que profesan una fe distinta a la católica sean víctimas de actos de intolerancia y discriminación. […] Así, la religión se convertirá en un factor de división entre los alumnos que profesan distintos credos, lo que con el tiempo será un elemento de polarización social que dañará gravemente nuestra convivencia”. Por esto la garantía que realmente protege los derechos de todos, creyentes de distintas confesiones y no creyentes en alguna de ellas, es la vigencia y el fortalecimiento del Estado laico. Debilitarlo significa ignorancia histórica y desatar fuerzas que antes arruinaron a la nación mexicana.