La defensa de los derechos humanos es la base de una sociedad más fuerte; es un principio indeclinable que no puede ser sacrificado por otro, como el de la seguridad pública. Ambos tienen que ser compatibles, afirmó el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Al recibir el informe de Actividades 2011 de Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Calderón también dijo que el combate a la delincuencia, que seguirá hasta el último día de mi mandato, se hará en el marco de la legalidad y sin cancelar derechos ni garantías de nadie.

Sin embargo, reconoció que ya se han dado casos de actos violatorios de los derechos humanos, algunos muy graves. Son inadmisibles, se han condenado enérgicamente y se ha castigado a los responsables en los tribunales competentes. Pero acotó, no son de ningún modo sistemáticas ni resultado de una política institucional. Por el contrario, en esta nueva etapa, la estrategia de seguridad nacional va más a fondo en la protección de las garantías fundamentales.

Más agresiones contra periodistas

Antes, el ombudsman señaló que como resultado de la lucha contra la delincuencia organizada, el año pasado la sociedad vivió momentos difíciles en materia de derechos humanos, los cuales derivaron en la muerte de 43 personas ajenas a la problemática en materia de seguridad pública y en un incremento de 50 por ciento en el número de quejas recibidas por el organismo nacional.

Resaltó el aumento de 42 por ciento en las denuncias por agravios a periodistas, las cuales sumaron 98 quejas.

El acto se efectuó por la mañana en Los Pinos, horas antes de que se conociera el atentado que sufrió la activista Norma Andrade, fundadora de la agrupación Nuestras hijas de regreso a casa. En su mensaje, Plascencia se refirió a las agresiones contra defensores de las garantías fundamentales. Sólo en 2011 –dijo–, la CNDH recibió 59 inconformidades, equivalentes a un incremento de 23 por ciento.

También insistió en la negativa de algunas dependencias de gobierno a aceptar las recomendaciones del organismo a su cargo. Insistió en el caso de la Comisión Nacional del Agua, que entre 2010 y 2011 rechazó tres.

Calderón ofreció revisar personalmente los casos o las circunstancias por las cuales en determinados eventos dichas recomendaciones no hayan sido aceptadas o cumplimentadas.

Sobre los atentados contra comunicadores, el mandatario dijo que este sector es el baluarte de la libertad de prensa y de expresión; respecto de los defensores de derechos humanos, planteó que su actividad contribuye a consolidar las garantías fundamentales, y hoy, igual que los periodistas, se ven amenazados por criminales.

Resaltó que a diferencia de lo que ocurría en el pasado, la principal amenaza contra la integridad de los activistas, su libertad y su vida no proviene de las instancias de gobierno, sino de las organizaciones criminales.

Al gobierno le toca –dijo– velar por su seguridad, cuya omisión constituye, efectivamente, materia de exigencia en el terreno de los derechos humanos.

Durante la ceremonia, Calderón reconoció la labor del ombudsman; señaló que la CNDH entró en una dinámica renovada, fortalecida y muy activa a partir de la gestión de Plascencia Villanueva.

Luego se refirió a las reformas constitucional sobre derechos humanos y las relativas al ámbito de la justicia, la cual –destacó– sigue siendo una fuente de violación de garantías fundamentales, principalmente por la denegación de la misma justicia.

Nuevamente señaló que la mayoría de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, por lo cual corresponde investigarlos a los gobiernos de los estados.

Es indispensable que las entidades busquen mecanismos para ofrecer mejor atención a los casos delictivos, a su indagación y a las víctimas para que podamos cerrar las heridas que la violencia criminal ha abierto en la República, dijo.

En relación con las personas no localizadas, Calderón reiteró la necesidad de avanzar en la elaboración de una base de datos para que esté lista a más tardar en el segundo trimestre del año.