La Procuraduría General de la República (PGR) enfrenta debilidades, como funciones indebidamente ejecutadas por personal sustantivo (agentes federales de investigación, del Ministerio Público y peritos), existe investigación de delitos deficiente y hay órdenes de aprehensión que los jueces conceden pero no se efectúan, señala el mapa de riesgo que la Visitaduría General de la dependencia elaboró como parte de las acciones para combatir la corrupción en la institución.

Lo anterior fue dado a conocer en el marco de la inauguración de un salón de usos múltiples y de coloquios contra la corrupción, en los cuales la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que en lo que va del sexenio 7 mil 550 servidores han sido sancionados por cometer ilícitos.

Durante el acto, el visitador César Alejandro Chávez Flores comentó que la PGR ya elaboró un diagnóstico sobre los riesgos para conocer por qué se corrompen quienes trabajan en la dependencia.

Entre los factores, explicó, destaca que no existe control suficiente sobre quienes tienen acceso a información y ello provoca que ocurran filtraciones que luego afectan las indagatorias.

Además, apuntó, quienes laboran en la PGR consideran que hay debilidad para sancionar a los que violan las normas. A los factores mencionados se agrega la falta de confianza de la ciudadanía en la institución.

En ese contexto, el subprocurador de Derechos Humanos, Miguel Ontiveros Alonso, dio a conocer que la estrategia contra la corrupción ha generado, de abril de 2011 a enero de este año, que mil 790 funcionarios públicos sean investigados por violar normas e incurrir en actos de corrupción; otros 655 se encuentren sujetos a procesos de sanciones administrativas, y 188 servidores públicos, de los cuales 120 eran delegados, subdelegados o directores de área, estén sujetos a procesos penales.

En tanto, Max Kaiser, coordinador de asesores de la SFP, aseveró que por vez primera en la historia de la institución han sido inhabilitados o destituidos de sus cargos 7 mil 550 funcionarios y se han impuesto 3 mil 629 sanciones económicas por actos de corrupción.