El fin de semana anterior falleció otro trabajador en una empresa de Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres González, debido a la falta de las más elementales medidas de seguridad en su centro laboral, afirmó el sindicato nacional de mineros.

El trabajador, Román Rodríguez Moreno, falleció el pasado 27 en la mina San Alberto, en Fresnillo, Zacatecas, a consecuencia de la negligencia criminal de la compañía. Esto es, porque fue enviado en canoa a revisar unas bombas de expulsión de agua. No fue acompañado, como establecen las normas de seguridad. La barca zozobró y él encontró la muerte en el intento por cumplir su labor, comentó el sindicato.

Rodríguez Moreno era empleado tercero o contratista. Por tanto, no sindicalizado y sin contrato colectivo de la mina. Éste es un caso más de los muchos accidentes por negligencia que Grupo Peñoles comete permanentemente contra sus trabajadores, quienes por la necesidad económica laboran sin las debidas protecciones, indicó. Agregó que mientras ello sucede, los dirigentes charros no se ocupan de la situación de vulnerabilidad de los mineros y aceptan las migajas de aumento salarial que dan a los trabajadores.

Por otra parte, la organización se refirió al fallecimiento de los trabajadores José Matilde Cotonieto Sánchez y Alejo Ortega Rosas, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, quienes murieron cuando más de mil 300 trabajadores de la empresa Motor Coach Industries –en litigio laboral– fueron baleados al tratar de impedir que la patronal sustrajera equipos y maquinaria de las instalaciones de manera ilegal, que estaba en garantía de los pagos por finiquitos, salarios y prestaciones que les adeudan desde hace nueve años.

Al respecto, el sindicato nacional de mineros se solidarizó con las familias de los trabajadores que perdieron la vida y dio su apoyo total a los agredidos. Planteó que éste es un caso en el que se muestra una vez más cómo algunas empresas, frecuentemente coludidas con autoridades, criminalizan la lucha y las demandas de los trabajadores que buscan obtener justicia, en correspondencia con la política antiobrera del gobierno de Felipe Calderón.

Exigió que las autoridades lleguen al fondo de los hechos y castiguen de manera ejemplar a los agresores y a la empresa que los contrató. La autoridad, abundó, debe dejar de ser omisa, solapadora y promotora de acciones como ésta, sobre todo porque en el caso están detenidas 21 personas de Pacific International Development por presunto homicidio calificado en agravio de los trabajadores muertos o heridos; entre los arrestados está el representante de la compañía, Manuel Samuel Castro Mercado.