a grave situación que vive el pueblo rarámuri ha generado que la solidaridad social se exprese, pero también ha puesto al descubierto los criterios racistas y discriminatorios expresados en las llamadas reglas de operación de los programas sociales, sin que en todo ello se ponga el acento en la necesidad de retomar la autonomía y libre determinación como la vía idónea para que los pueblos administren recursos públicos y construyan sus alternativas de desarrollo de acuerdo con su cultura.

Mucho se ha comentado sobre la hambruna, la sequía, y prácticamente nada se dice de los inconsultos proyectos turísticos, como el de Barranca del Cobre o las concesiones mineras, ni en general de las disposiciones de despojo sobre sus territorios. Tampoco se aborda el asedio del narco en esa región. El enfoque oficial prevaleciente resulta más acorde con la Ley para el Mejoramiento de la Raza Tarahumara, conocida como ley Creel por el apellido del gobernador del estado de Chihuahua que la promulgó en 1906. En la misma encontramos planteamientos que hoy día no se explicitan y que, sin embargo, subyacen en las políticas y discursos oficiales, pese a los reconocimientos jurídicos sobre derechos de los pueblos indígenas en el plano internacional.

La ley Creel estableció una Junta Central protectora de Indígenas para promover todo lo concerniente a la civilización de los indios, cuidar que a la brevedad se realizaran deslindes y fraccionamientos de ejidos de todos los pueblos tarahumaras (sic), congregarlos en pueblos o colonias para que empiecen a gustar de la vida doméstica, reglamentar el régimen interior de esas colonias, excitar a la filantropía para reunir ropa y objetos del agrado de los indios y así despertar sentimientos de cariño hacia la raza blanca, persuadirlos de que se desprendan de sus hijos para que los blancos los eduquen, no contrariarlos en sus ideas religiosas, en sus juegos, bailes, fiestas, en sus costumbres, procurar la evolución lenta y constante hasta convertirlos a la civilización, que les rodeen de los beneficios que disfruta la gente culta, entre otras disposiciones.

Como vemos, la persistencia del pueblo rarámuri ha sido más fuerte que los sucesivos proyectos oficiales y la ideología racista cultivada en la sociedad no indígena. En efecto, desde el Estado ya no se anuncian planes para civilizar a los pueblos indígenas, simplemente se les excluye y discrimina por diferentes e insumisos. ¿Será que se resignaron a que son incivilizables? Habría que tomar nota de que la mayoría de los medios aluden a sus múltiples carencias materiales y poco a las fortalezas que provienen de su cultura.

Nadie puede negar la difícil situación que enfrentan éste y otros pueblos, pero la respuesta del Estado no coloca el acento en el ejercicio de derechos, sino en la lógica de beneficiarios que deben cumplir reglas homogéneas para serlo, pese a las realidades diferenciadas que viven.

Muy elocuentes resultan las declaraciones del coordinador nacional del programa Oportunidades, Salvador Escobedo, quien reconoció que por lo menos 20 por ciento de los rarámuris que se asientan en 11 mil localidades han sido dados de baja de los apoyos alimentarios y energéticos, de las becas escolares, y aun de atención sanitaria, por incumplir las reglas de operación establecidas, debido a que acudir al hospital y los lugares de recepción de apoyo les lleva, mínimo, 12 horas de traslado. Agregó que de 100 mil rarámuris que tienen registrados, 20 mil fueron dados de baja porque incumplieron con reglas de corresponsabilidad marcadas por las reglas de operación, como acudir puntuales por su apoyo o acudir al banco, asistir a consulta dos veces al mes, ir a los talleres de orientación y tener una asistencia escolar de 80 por ciento. Asumió que deben trasladarse otras 12 horas para bajar e ir a recoger sus apoyos. Para nosotros, señaló, ir para allá significaría 36 horas de camino en la subida. “Tampoco tienen escuelas cercanas. Todo esto es muy complejo, pero no se pueden cambiar las reglas de operación de Oportunidades, porque resulta legalmente muy complicado y causará un conflicto (Milenio, 27/1/12).”

¿Reglas de operación por encima de los derechos de los pueblos? No cabe duda de que los saldos de justiciabilidad son muy precarios. Se hace necesario que el Estado dé cuenta de ello. Por lo pronto, habría que explicar por qué es tan grave la hambruna si hay 80 mil rarámuris beneficiarios de Oportunidades. Sólo se insiste en la sequía que impidió el cultivo de autosubsistencia. Pero el problema es de fondo.

¿Vamos a seguir eludiendo el cambio de la política económica pensando que los exiguos paliativos monetarios son la vía idónea, cuando salta a la vista que con ese enfoque está perdido el combate a la pobreza, además de la ausencia de pertinencia cultural de dichos programas? Hay mucho por aclarar y más aún en la coyuntura electoral.