Con más de 90 quejas presentadas antes del proceso, 2012 podría superar la tendencia creciente de judicialización de los comicios que comenzó a manifestarse desde 2006, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) recibió casi 800 quejas. La reforma electoral inconclusa alienta a los partidos a promover recursos legales en búsqueda de equidad, de criterios que los beneficien o que inhiban la actividad de sus adversarios, como parte de sus estrategias políticas.

A la actividad de los partidos se suma la titubeante actitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya modificación constante de criterios genera incertidumbre jurídica. Para justificar sus continuos cambios de criterio, el TEPJF argumenta que valora nuevos elementos, pero termina por generar situaciones complejas, complicadas y hasta nebulosas al IFE, advierte el consejero Marco Antonio Baños.

Ejemplo de los vaivenes del TEPJF: en un fallo sobre las precampañas de aspirantes únicos en Yucatán, los magistrados cancelaron la posibilidad de que hicieran actos de campaña. Al resolver el recurso contra la respuesta a la aclaración de sentencia de la consulta de Andrés Manuel López Obrador, cambió su criterio y abrió la puerta para que los precandidatos únicos realicen actos de proselitismo”, sostiene Baños.

–¿Vulnera la capacidad de arbitraje del IFE este continuo cambio de criterios?

–Con esa movilidad con que lo hace el TEPJF lo complica mucho.

Pese a que los primeros meses del proceso auguran un alud de quejas y una sobrecarga de arbitraje para el IFE, según el actual presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Alfredo Figueroa, en esta ocasión no se repetirá lo sucedido en 2006, cuando quedaron sin resolverse la mayor parte de los recursos, que en su momento impactaron la equidad.

A diferencia de 2006, asegura Figueroa, hay otra legislación que descentraliza su resolución, existen ahora los procedimientos especiales sancionadores y las medidas cautelares, que reducen el impacto en la equidad de eventuales conductas ilegales.

Protagonista en 2006, el ex consejero electoral Virgilio Andrade dice que la judicialización es signo de los tiempos, pues ante la cerrada competencia cualquier percepción de alterar la equidad deriva en recursos legales. También se ha convertido en una estrategia de los partidos para formar una imagen negativa del adversario, estrategia que es parte de los riesgos de un estado de derecho.

La tendencia ha tornado más compleja la actuación de la autoridad, cuya función de arbitraje le implica destinar ahora tanto o más tiempo que las propias tareas de organización. Antes del proceso, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) han adoptado la estrategia de interponer recursos, aun cuando se trata, por ahora, de procesos internos.

En 2006, en medio de la intensa campaña presidencial y la guerra sucia crecieron sustancialmente los recursos judiciales para dirimir los diferendos. “En la medida en que las dudas sobre la equidad –sea por la injerencia del dinero o del poder– han permeado, se incrementaron las denuncias, al punto que ya en 2011 el TEPJF procesó más de 10 mil juicios”, agregó Andrade.

Los litigios de los partidos en 2006, como esquema de propaganda, fue evidenciada por las resoluciones: el informe sobre las quejas interpuestas en 2006, revela que sólo 77 fueron fundadas, 10 más parcialmente fundadas, 197 infundadas, 157 sobreseidas y 61 desechadas. Sólo una mínima proporción derivó en sanciones.

Meses después de concluido el proceso, cuando la única consecuencia que tendría resolver las quejas pendientes eran multas a los partidos, las principales fuerzas políticas acordaron el desistimiento de sus recursos para reducir costos. En ese entonces, todas las quejas se procesaban por la secretaría ejecutiva y ello favoreció el rezago.

Baños sostiene que esa experiencia no se volverá a repetir, pues la reforma electoral descentralizó la resolución de quejas en los distritos. Al Consejo General sólo llegarán las que correspondan a violaciones al modelo de comunicación política, pues es la única instancia competente. Ya en 2009, 80 por ciento de los recursos se resolvieron en los distritos, que son del tipo de aquellas que en 2006 desbordaron la capacidad institucional.

Ha sido en los recursos relacionados con el modelo de comunicación política y de libertad de expresión donde el tribunal federal ha generado la mayor incertidumbre. Baños considera que los partidos han percibido la volubilidad de las decisiones del TEPJF y eso alienta mayores recursos, ellos lo pueden hacer legítimamente, pero aprovechan la inconsistencia para aventurar cambios.

Advierte un enorme riesgo durante las campañas en los temas relacionados con libertad de expresión y campañas denigratorias: con la reforma se dejaron normas muy genéricas en libertad de expresión. En un principio, el TEPJF asumió una actitud restrictiva, por lo que ha modificado, una vez más, sus criterios, y “ahora acusa de mafia, no es ya asociación con una organización criminal sino ya casi un grupo de amigos, según los nuevos criterios.

Se ha movido mucho y las sanciones a las campañas denigratorias ha sido anulada; se ha movido hacia una liberalización absoluta y en la próxima campaña habrá que ver la congruencia del tribunal en este tema, concluyó.