e acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 2.7 millones de mexicanos se encuentran en desocupación abierta (el doble que seis años atrás). Esa abultada proporción da pie para que, un día sí y el siguiente también, el inquilino de Los Pinos presuma que es la más reducida entre los países de la OCDE, ergo vamos por el rumbo correcto (Calderón dixit). Eso dice, pero, más allá de la raquítica generación de empleo formal, ¿en realidad allí queda el deterioro laboral en el país?

Un detallado análisis sobre la realidad laboral mexicana, elaborado por el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, documenta que dicha cifra sólo es la punta del iceberg, la más visible, toda vez que las altas tasas de desocupación provocan mayores niveles de pobreza en el país, pero también la precariedad del empleo. En este sentido, el escaso avance en materia de creación de empleo se ha dado en un contexto en el que, además, la mayor parte de la población ocupada enfrenta una condición de precariedad. Es decir, el problema yace no únicamente en la falta de generación de empleo sino en que las plazas laborales no brindan los ingresos suficientes para los hogares.

La precariedad del empleo representa un grave problema estructural, una situación que no tiene una solución a corto plazo y que de no atenderse continuará avanzando. Al cimentarse la precariedad se exacerba la debilidad del mercado laboral y la vulnerabilidad de la población en general, incubando con ello una mayor inestabilidad social. La precariedad laboral frecuentemente degenera en informalidad, criminalidad y violencia, atentando también contra la dignidad y la identidad en sí de las personas. Por tanto, ser partícipes del desarrollo de la sociedad y acceder a un trabajo digno, estable y bien remunerado es el requerimiento mínimo que los mexicanos deben alcanzar, apunta el CIEN.

El desarrollo social y económico de México tiene como imperativo evitar que el mercado laboral continúe deteriorándose. Durante años se ha considerado que una reforma avocada a flexibilizar el mercado de trabajo puede ayudar a dotar de mayor competitividad a nuestro país. Se argumenta que los costos laborales y la rigidez salarial impiden que las empresas puedan alcanzar mejores resultados en productividad. No obstante, una pregunta que puede realizarse es sobre cómo cambia la perspectiva cuando se analiza que hay entidades federativas donde una cantidad considerable de su población ocupada no recibe ingresos. Puesto en otras palabras, estas personas tienen una función laboral pero no perciben un beneficio económico o en especie por ello.

Oficialmente existen 2.7 millones de mexicanos en desocupación abierta, pero hay un trasfondo que el gobierno calderonista obvia cada que puede, y puede seguido: un ejemplo es el caso de Guerrero, en el cual según estadísticas oficiales, 34.7 por ciento de la población ocupada no recibió ingresos durante 2011. Sin lugar a dudas lo anterior permite cuestionar sobre la calidad del empleo que existe en ese estado. Lamentablemente, dicha situación no es una excepción, pues Oaxaca y Chiapas constituyen los siguientes en la lista, con 28.3 y 16 por ciento de su población ocupada en esta situación, respectivamente. Además se puede indicar que justamente en las entidades citadas se tiene un problema adicional, una gran cantidad de personas recibe, cuando mucho, un salario mínimo como remuneración. Al considerar ambos grupos, resulta que Guerrero, Chiapas y Oaxaca tienen a la mitad de su población ocupada en situación de precariedad laboral: sin ingresos o, en el mejor de los casos, con un salario mínimo como percepción económica, esto aún sin tomar en cuenta otras características laborales como las prestaciones.

Durante los últimos 30 años se ha buscado contener la inflación y aumentar la competitividad internacional de las exportaciones mexicanas mediante la aplicación de una política laboral que otorga bajos incrementos salariales y reduce las prestaciones de los trabajadores, impidiendo que se alcance el objetivo de un mayor bienestar social. La necesidad de implementar una política integral, que tenga al bienestar social de la población como prioridad (y no a los mecanismos económicos de estabilización y control de la inflación) es fundamental. En este punto convergen aspectos sociales y económicos: con base en la calidad del empleo y los salarios percibidos, las personas están en condición de elevar el nivel de vida de sus familias, de proporcionarles un entorno estable e impulsar el crecimiento del mercado interno. Cuando lo anterior falla se tiene un problema estructural que genera pobreza, bajo crecimiento económico y que atenta contra la seguridad nacional.

La población económicamente activa del país se aproxima a 50 millones de personas. De éstas, oficialmente sólo 2.7 millones está desocupada. Sin embargo, más de 4 millones no reciben ingresos; más de 6 millones obtienen un salario mínimo, cuando mucho; más de 10.6 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos, y casi 10 millones entre dos y tres mini salarios, de tal suerte que en la precariedad laboral sobrevive 63 por ciento de la población ocupada, lo que ni de lejos sustenta el discurso oficial. El empleo siempre se ha encontrado en el discurso de la clase política gobernante, pero no en los resultados que año con año se han alcanzado en el país. En este sentido, la degradación del nivel de vida de los mexicanos es entendible: escaso empleo formal, salarios utilizados para controlar la inflación, contracción y escasa eficiencia del gasto social, inversión pública improductiva y fuertes trabas fiscales para que las empresas puedan crecer y generar más empleo. Este contexto refleja la ausencia de una política que solucione el problema de la pobreza. Su dimensión pone en evidencia la gravedad del rezago en el bienestar de los mexicanos. Contar con un empleo que genere los ingresos suficientes para tener capacidad de aumentar los niveles de consumo (alimento, vivienda, educación, salud, vestimenta, etcétera) es una necesidad impostergable para elevar el bienestar de la población, puntualiza el CIEN.

Las rebanadas del pastel

Comenzó el éxodo de oportunistas: poco más de 25 por ciento de los diputados y 28 por ciento de los senadores han dejado sus curules y escaños, o están a punto de hacerlo, porque van en pos de otro hueso, de otra liana que los mantenga mamando del presupuesto, como si lo merecieran. Y el ejercicio se repite en el gobierno federal y en los estatales. Vergüenza les debería dar.

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