Ciudad Sahagún, Hgo., 28 de enero. Un grupo de ex trabajadores de la empresa Motor Coach Industries (MCI) intentó tomar la fábrica de esa compañía, cerrada en febrero de 2003, pero guardias de seguridad los recibieron a balazos con saldo de un obrero muerto y seis heridos, dos de gravedad, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Los ex trabajadores se enteraron de que los propietarios –actualmente Pacific Internacional Development (PID)– sacaban la maquinaria de la factoría, ubicada en Ciudad Sahagún, por lo que acudieron a impedir el saqueo y ocupar la fábrica para presionar a que les paguen finiquitos, salarios y prestaciones que les adeudan desde hace nueve años.

A las 11:30 los guardias repelieron a tiros el intento de ocupación. En el lugar resultaron heridas siete personas, tres de gravedad, incluido José Matilde Cotonieto Sánchez, quien falleció en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social a causa de un balazo en el pecho.

Policías estatales y municipales detuvieron a 14 personas, entre personal de seguridad y empleados de la empresa, a quienes pusieron a disposición del Ministerio Público, junto con dos armas cortas y una larga. La fiscalía inició la averiguación previa 3/080/2012 por los delitos de homicidio y lesiones.

La historia de este problema se remonta a febrero de 2003, cuando por una crisis financiera, la empresa trasnacional MCI cerró su planta productora de camiones y dejó desempleados a mil 300 obreros, a los que les fueron adjudicados los bienes muebles e inmuebles para su venta, como garantía del pago de liquidaciones.

Posteriormente Pacific Internacional Development (PID) compró la planta y llegó a un acuerdo de liquidar con una suma global de 170 millones de pesos a los obreros, pero sólo entregó 10 millones. Por negarse a cubrir el resto, los trabajadores interpusieron en su contra una demanda de carácter civil y mercantil.

MCI había adquirido la planta de Dina, la empresa paraestatal fabricante de camiones creada en 1951. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari Dina fue comprada por el empresario Raymundo Gómez, quien en 1995 la vendió al grupo estadunidense-canadiense MCI y luego ésta a PID.

El gobierno del estado emitió un comunicado en el que dijo que los agresores fueron contratados por Manuel Samuel Castro Mercado, representante de PID, y advirtió que se ejercerá todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables. Dijo que la autoridad estatal ofreció mediar en todo momento, pero la cerrazón de Castro Mercado impidió encontrar un acuerdo.

La política laboral vigente criminaliza la lucha social

La agresión a los ex trabajadores de Motor Coach es reflejo de la política laboral vigente que criminaliza la lucha social y permite la impunidad, de la misma forma que ocurrió en décadas pasadas, alertaron especialistas y dirigentes sindicales.

La represión corresponde a la política del presidente Felipe Calderón. Todo está en el mismo contexto: un gobierno que no respeta la legalidad y se opone a que los trabajadores se defiendan, dijo Alfonso Bouzas, Premio Nacional de Investigaciones Sociales 2011 e investigador de la UNAM, especialista en materia laboral.

Comentó que los trabajadores también están frente al abandono del Estado tutelar y a la imposición de directrices neoliberales. Lo que pasa en México, dijo, no tiene límite: Ahí está el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los trabajadores de Mexicana de Aviación; de los gasolineros, el caso de la Universidad de la Ciudad de México y muchos más en los que se impone la represión, sin importar el color del partido del que surgió determinado gobierno, dijo.

Humberto Montes de Oca, vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas, repudió la criminalización de la lucha social

Lo que pasó en Hidalgo es secuencia de lo que ha sucedido a otros trabajadores y activistas sociales, lo mismo en el norte, en Guerrero, Oaxaca o en la capital del país. Hay impunidad en los ataques contra quienes intentan defenderse, señaló.

Enrique Favela, vocero del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, gremio que durante su intento de que más trabajadores tengan garantizados sus derechos a través de contratos colectivos ha enfrentado a grupos porriles, dijo que la autoridad es omisa incluso cuando la ilegalidad se comete en sus propias oficinas.

Con información de Fabiola Martínez