Diversas organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales denunciaron que el proyecto minero a cielo abierto Caballo Blanco, ubicado a sólo tres kilómetros de la planta nucleoléctrica Laguna Verde, en el estado de Veracruz, aumenta las posibilidades de un accidente nuclear y pone en riesgo no sólo varios ecosistemas de la región, sino a miles de personas que habitan en poblados y comunidades de la región.

La concesión minera de la canadiense Gold Group abarca casi 20 mil hectáreas, y para su operación necesita un promedio de cinco toneladas diarias de explosivos, mientras las miles de toneladas de tierra removidas tendrían una fuerte presencia de cianuro, que contaminaría el agua de ríos y lagunas.

En conferencia de prensa, representantes de organizaciones ambientalistas, entre ellas la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida, Greenpeace y Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, dijeron que la concesión minera abarca manglares, vegetación de duna costera, bosque de encino tropical y selva baja caducifolia, verdaderas islas en extinción, además de que en esa región centro del estado de Veracruz existe una amplia gama de especies, muchas de distribución restringida.

La empresa canadiense, por medio de Candymin, entregó este mes ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la manifestación de impacto ambiental (Mia); su eventual aprobación por la autoridad significaría que la minera pasaría a la fase de explotación. Pero, según explicaron, se abrió una lapso de 20 días hábiles, a partir del 19 de enero, para una consulta pública ante la Semarnat, por lo que llamaron a la opinión pública a expresarse contra dicho proyecto.

Según explicaron los representantes de las organizaciones sociales y ambientalistas, entre las irregularidades que ya presenta el proyecto se encuentran que la empresa, aun sin varios trámites que debe realizar previamente, ya cuenta con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para comprar, transportar y hacer uso de explosivos.

Diversas organizaciones civiles protestaron ayer frente a la embajada de Canadá contra mineras de ese paísFoto Marco Peláez

Además, la firma canadiense, después de haber iniciado el trámite ante Semarnat para obtener la autorización del impacto ambiental –que en este momento es sujeta a consulta pública–, ahora pretende que la parte donde albergará 10 mil toneladas de material con cianuro quede excluida del programa de evaluación ambiental. Es decir, fuera del escrutinio público, y que baste presentar un informe preventivo ante la Semarnat para operar de forma inmediata, por lo que se exigió que dicha pretensión sea desechada por la autoridad.

Para su operación, la empresa requerirá hacer grandes movimientos de tierra, a razón de una tonelada por cada 0.2 o 2 gramos de oro extraído, y como es común en este tipo de actividades, podría utilizar un promedio de mil litros de agua por segundo para obtener 28 gramos de oro (una onza). Este proyecto minero prevé una producción anual de 100 mil onzas de oro a partir de 2012, con una duración de 10 años, según información publicada por la empresa.

La minera, ubicada entre los municipios Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan, también ha iniciado la apertura de nuevos caminos, aun cuando declaró falsamente ante las autoridades que usaría caminos prexistentes, con lo cual está generando residuos y usando sustancias no declaradas, cuyos escurrimientos están poniendo en riesgo la fauna del lugar. En abrevaderos y orillas de río se han encontrado animales muertos.