La Caravana del hambre fue una llamada de atención a las autoridades porque no habían evaluado correctamente los daños causados por la sequía, afirmaron campesinos. Allá la tierra está como este piso, agregaron mientras señalaban el cemento gris de calles aledañas al Monumento a la Revolución.

Antes de retornar a sus comunidades, campesinos de Chihuahua y Zacatecas sostuvieron que tras la movilización el tema de la sequía está en la agenda nacional.

El cambio en los acuerdos es que hay una vigilancia social en la entrega de los recursos de los programas más importantes para la producción agropecuaria.

Al recordarles que cuando se constituyó el Procampo también se creó una contraloría social, pero no actuó, los campesinos asentaron: esta vigilancia ahora sí va a funcionar porque gente neutral (la Cruz Roja, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Oxfam México y Transparencia Mexicana) emitirá sus opiniones.

Se les insistió en que los acuerdos están sujetos a una voluntad de diálogo y, como han expresado, movilizaciones anteriores han beneficiado a agroempresarios y grandes monopolios del sector alimentario. Respondieron: la diferencia es que en las mesas de diálogo buscarán que los acuerdos no sean generales, sino específicos. No volveremos a cazar la liebre para que otros se la coman.

Puntualizaron que los labriegos de Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí recibirán por adelantado 5 mil 500 millones de pesos.

Respecto al adeudo de 2 mil 500 millones de pesos que desde 2001 tienen los campesinos, lo cual ha implicado el corte de energía eléctrica para extraer el agua de los pozos, apuntaron que se acordó impulsar un convenio de restructuración de adeudos con la CFE para que los agricultores tengan acceso a los programas de eficiencia energética y tecnificación de riego.

Tras la firma de los acuerdos, expusieron que no participarán en la movilización a la que convocaron otras organizaciones campesinas para los próximo lunes y martes en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Para la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, los resultados son insuficientes, pues no hay un plan para reprogramar las siembras y cosechas.

El agro necesita un gran proyecto de inversión en infraestructura; en el sureste se podrían producir hasta 50 millones de toneladas de maíz, frente a los 22 millones que se logran en el país si hay un buen temporal.

En comunicados por separado, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) especificaron las acciones que se emprenderán para atender la sequía.

La Sedeso dijo que ampliará la cobertura del programa Setenta y Más y volverá a levantar un censo en las zonas dañadas por la sequía para identificar a las familias susceptibles a incorporarse a los apoyos de alimentación, educación y salud.

Aseguró que por medio de las 23 mil 700 tiendas Diconsa está garantizado el abasto de alimentos básicos a los habitantes de las comunidades rurales y zonas de alta marginación. Además se destinarán 750 millones de pesos para la generación de empleo temporal.

La Conagua puntualizó que se ejercerán casi 4 mil millones de pesos en obras para mejorar el abastecimiento de agua para consumo humano y la producción agrícola en los estados afectados por la sequía.