Condena unánime al espionaje
o podía ser de otra forma: todos los partidos representados en el Congreso condenaron el espionaje telefónico y de Internet descubierto en la sede de la Cámara de Diputados.
El presidente de esa Cámara, Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, encabezó las protestas en la Comisión Permanente y también la denuncia formal ante la Procuraduría General de la República.
A nadie le conviene un Poder Legislativo débil, a nadie le conviene un Poder Legislativo bajo presión o bajo chantaje, dijo Acosta Naranjo.
La cosecha
A pesar del anuncio de que se mantendría en secreto el fallo de la Comisión Federal de Competencia (CFC) respecto a una posible alianza de Televisa y Televisión Azteca en materia de telefonía celular, ocurrieron filtraciones que indican que la decisión fue negativa. Obviamente, esto ocasionó enojo entre los afectados quienes ya mantenían una actitud crítica contra el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, por haber anticipado juicios negativos. Los interesados recordaron que en esta materia las filtraciones pueden ser motivo de sanciones penales.
La Cofetel y Telmex anunciaron haber convenido convocar a un tercer experto que colabore a determinar los precios tope de telefonía.
La Comisión Permanente aprobó, también, crear un grupo de trabajo bicameral, de todos los grupos parlamentarios, para dar seguimiento a las investigaciones de los violentos sucesos en Chipancingo a raíz de los cuales murieron dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y un empleado de una gasolinería.
También se anunció que por los mismos sucesos, la PGR presentó como indiciados a 17 ex empleados de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, previamente separados de sus cargos por el gobierno del estado.
De gira por ese estado, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hizo un reconocimiento al gobierno de Ángel Aguirre Rivero, por los avances en el programa Guerrero Seguro y confirmó que el gobierno federal destinará para programas de seguridad en esa entidad 400 millones de pesos.
Los 22 estados afectados por la sequía y dependencias del gobierno federal acodaron flexibilizar las reglas de operación, evitar burocracias y agilizar la entrega de apoyos para la gente del campo que ha perdido ganado, siembras y que padece desbasto de agua, informó el presidente de la Comisión del Agua de la Conago, el mandatario de Durango, Jorge Herrera Caldera.
Después de décadas de conflicto, el gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué, funcionarios federales y autoridades de la comunidad triqui firmaron un acuerdo con el fin de consolidar la paz e impulsar el desarrollo social de la región, así como garantizar el retorno de todas las personas desplazadas por diferentes causas.
25 diputados federales del PRI, entre ellos Beatriz Paredes Rangel, y un senador del PAN pidieron licencia para buscar ser candidatos a otros cargos de representación popular.
