Busquen a los responsables en otro lugar; nosotros no tenemos nada que ver, asegura
Fue al momento de publicarse la norma que me percaté, y ya no pudimos hacer nada, afirma en entrevista
Debe investigarse quién fue y a qué intereses obedeció
Defiende a asesores
Martes 24 de enero de 2012, p. 38
A finales de 2009, ya como presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), Raúl Armida Reyes conoció de las alteraciones que se hicieron a la Ley Orgánica de ese órgano, pero nunca dijo ni hizo nada.
En entrevista telefónica, el impartidor de justicia aseguró que “fue al momento de publicarse esa ley –en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 10 de septiembre– que me percaté de que no era el documento que yo conocía, el documento que trabajamos con los diputados... y ya no pudimos hacer nada.
Me imaginé que algo había pasado ahí, pues ni siquiera supimos que hubiera habido observaciones o que se hubiera vetado el dictamen
, añadió.
Detalló que junto con un grupo de magistrados participó en las mesas que organizaron los diputados de la cuarta Legislatura para la elaboración de dicha norma, y ésas fueron públicas y abiertas
.
Ninguna injerencia
Después de eso –agregó Armida Reyes– el documento siguió su curso legislativo y nosotros ya no participamos, no tuvimos ninguna intervención
.
Frente a las versiones que señalan que el entonces presidente del TCADF habría intervenido, junto con tres de sus asesores, en las alteraciones a la citada Ley Orgánica, Armida afirmó: que busquen a los responsables en otro lugar, que enfoquen su lupa en otras áreas, porque nosotros no tenemos nada que ver ahí. Yo aseguro que nada tuve que ver con esos cambios, y si los hubo tendrán que investigar quién fue y a qué intereses obedeció
.
El magistrado del TCADF manifestó que los legisladores capitalinos habían incluido en el dictamen dar al tribunal herramientas para hacer cumplir las sentencias que emitimos, cosa que hasta ahora no las tenemos, y de qué sirve que tengamos una sentencia si no se cumple
.
Remarcó que esas modificaciones que se hicieron a la ley pueden llevar a responsabilidades administrativas y penales, si es que se demuestran.
Detalló que el dictamen aprobado bien pudo haberse vetado si las autoridades no estaban de acuerdo con su contenido, pero ahora está pendiente que se conozca qué fue lo que hubo en ese caso.