San Cristóbal de las Casas, Chis. 22 de enero. Comunidades y colectivos adherentes de la otra campaña demandaron detener despojos, represión y hostigamiento contra las comunidades zapatistas. El gobierno pretende romper los procesos autonómicos de los pueblos indígenas. Los gobiernos federal y estatal llevan a cabo en el país y en la entidad una guerra de despojo que genera depredación ecológica, privatización de recursos naturales, sobrexplotación del trabajo, despojo territorial y exterminio de los pueblos, represión, persecución, encarcelamiento y asesinatos para contener las luchas sociales de resistencia a sus políticas.

En San Patricio, comunidad del municipio autónomo La Dignidad (y oficial Sabanilla), a pesar de que el gobierno de Juan Sabines reubicó en el rancho La Josefina (Palanque) al grupo paramilitar de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), éste continúa sus hostigamientos, respaldado por policías, en camionetas que rondan y vigilan a las bases zapatistas.

Ofensiva contra tierras recuperadas

El pronunciamiento asevera que el mal gobierno crea y administra conflictos entre las comunidades para controlar sus territorios. Es el caso de los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón (Chilón), que resisten a la privatización de la caseta de cobro, instalada por ellos mismos en tierras que les pertenecen, a la entrada de las cascadas de Agua Azul (Tumbalá).

En la cabecera municipal de Tila, el Estado intenta despojar de 5 mil 405 hectáreas al pueblo chol para convertir su centro de culto –el santuario del señor de Tila– en un gran centro turístico. La Procuraduría Agraria ha intentado sustituir a la asamblea general de ejidatarios para determinar el uso de sus tierras comunales, que cuentan con resolución presidencial y plano definitivo.

En la colonia 24 de Mayo, dentro de tierras recuperadas en 1999 en el predio donde estuvo el Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal de las Casas, la mesa directiva de Chiapas Solidario, encabezada por Juana López López, ha promovido agresiones, amenazas de muerte, despojo de viviendas y cortes reiterados en el servicio de luz contra quienes se resisten a los múltiples abusos de los dirigentes y a las altas tarifas impuestas por ellos, aun cuando no existen medidores y la Comisión Federal de Electricidad no emite recibos de pago.

En este municipio existe una política de despojo de tierras recuperadas para favorecer a empresas turísticas e inmobiliarias. En los molinos Utrilla y Los Arcos se promueve la venta de predios a toda costa. El pronunciamiento denuncia también el acoso a los artesanos de la otra campaña en la plaza Santo Domingo, por resistir al chantaje y la corrupción de los sindicatos afines a la presidencia municipal, que promueven la afiliación forzada a la CROM y favorecen la represión a los artesanos indígenas.

Señala que debido a la criminalización de las luchas y la defensa de los derechos humanos, persiste la persecución contra Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, así como el hostigamiento a sus familiares y a integrantes en las comunidades del Consejo Autónomo Regional de la Costa.

La otra campaña exige la libertad de sus presos políticos Alberto Patishtán Gómez (enviado a Guasave, Sinaloa) y Rosario Díaz Méndez, de la Voz del Amate, así como Pedro López Jiménez, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Alejandro Díaz Santis, Juan Díaz López, Juan Collazo Jiménez, Enrique Gómez Hernández, Amílcar Méndez Núñez y Elías Sánchez Gómez.