El Porvenir, Chis., 20 de enero. En la sierra de Chiapas crece el rechazo de las comunidades al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). De hecho, en Chiapas es una de las entidades donde menos ha avanzado la titulación de solares a escala nacional. Ahora aparece un nuevo ingrediente: agricultores que entraron al programa y ahora lo quieren dejar. En el ejido Cambil, del municipio El Porvenir, 233 ejidatarios renunciaron al Procede. ¿Qué procede ahora ante este escenario de deserción?

El rechazo de los ejidatarios de Cambil es indicativo de lo que sucede en la sierra de Chiapas, donde crece también el rechazo a la potencial explotación minera, y a los desalojos y despoblamientos como el que se intenta efectuar en Motozintla y otras localidades, con el argumento de que son lugares de alto riesgo para los pobladores por los deslaves e inundaciones que en años recientes han afectado la región. Los campesinos perciben el fantasma de las ciudades rurales (actualmente se construye una en Jaltenango) como opción de futuro.

A pesar de las presiones gubernamentales y del aparato priísta en el campo a partir de 1995, la resistencia al Procede aún es importante. En 2006, al finalizar el periodo programado para estas titulaciones, se reportaba que en Chiapas aún existía un alto porcentaje de tierras sin regularizar. A principios de 2007, el Registro Agrario Nacional (RAN) anunció la regularización de 84 por ciento de los núcleos agrarios, correspondientes a una superficie de 2 millones 427 mil 716 hectáreas (59 por ciento), quedando 41 por ciento, un millón 692 mil 38 hectáreas, pendiente de regularizar.

De acuerdo con la investigadora Dolores Camacho, del Programa de Investigaciones Multidiciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimse) de la UNAM, los núcleos agrarios que se han regularizado son pequeños; en superficie representan apenas la mitad; esto explica la preocupación que los gobiernos tienen al respecto. Con la intención de resolver el contratiempo se creó el Fondo de Apoyo a los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), al que se destinarán abundantes recursos para lograr ese objetivo.

El gobierno del estado preveía regularizar 278 mil hectáreas en 2011, según declaró Ernesto Gutiérrez Coello, delegado del RAN en Chiapas. Aun en ausencia de información concluyente, todo indica que la meta no se logró. El FANAR ofrece apoyos a proyectos productivos. Esto induce a los líderes partidarios y comisariados ejidales a presionar a los campesinos para aceptar, acarreando más conflictos por las diferencias de opinión, pues éstos están cada vez más convencidos de rechazar el programa por temor a perder sus tierras por embargos, apunta Camacho.

Rechazo a mina en Chicomuselo

Habitantes de poblados aledaños al ejido Santa María, en el también serrano municipio de Chicomuselo, denuncian que en noviembre se detectó una veta de barita en un predio de dicho ejido. La eventual extracción, sostienen, es promovida por el ingeniero Pedro Palmas Echeverría y Romeo Aguilar Méndez, quienes pretenden que los ejidatarios se constituyan en asociación civil para poder explotar dicho mineral.

En diciembre se construyó una base de concreto para registro, que textualmente dice: “P.P.D, lote: ‘la pera’ Sup. 2180 hrs. Ag. Tuxtla Gtz. Chiapas. Exp. 109/00258”. Las comunidades de Chicomuselo presumen que se refiere al permiso de exploración. Recuerdan que el gobernador Juan Sabines Guerrero ha manifestado que durante su administración no autorizará más permisos de exploración y explotación de minas en nuestro estado, y le piden que así siga siendo.

Más de una decena de comunidades de los municipios La Concordia, Chicomuselo y Socoltenango demandan la cancelación de cualquier permiso de extracción de minerales. Argumentan que se pondrían en grave riesgo nuestra vida y las de nuestros animales, se contaminaría el medio ambiente y tendríamos mayor escasez de agua, que es grande por falta de manantiales. Nos abastecemos de pozos que también corren riesgo de contaminarse por los residuos tóxicos.