Luego de seis meses de que senadores instaron al presidente Felipe Calderón a no suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) aún no hay respuesta oficial, señalaron legisladores.

El 20 julio pasado el grupo plural de trabajo del Senado para dar seguimiento al ACTA –después de revisar, analizar y debatir dicho acuerdo– hizo un exhorto público a Calderón a no suscribirlo, porque algunas de sus disposiciones, de convertirse en derecho vigente, resultarían contrarias al derecho nacional.

Los legisladores advirtieron que se vulnerarían las garantías individuales contenidas en la Constitución y el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico.

El grupo plural resaltó que “la ambigüedad de algunas disposiciones del proyecto de Acuerdo Comercial Antifalsificación resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del país, y su implementación podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet en la sociedad mexicana, ampliando así la ‘brecha digital’ y (obstruyendo) la posibilidad de que el país se inserte en la denominada ‘sociedad del conocimiento’”.

Los legisladores advirtieron al Ejecutivo y al pleno del Senado que el ACTA podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo además el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural.

Los senadores que integraron el grupo plural fueron los priístas Eloy Cantú Segovia y María del Socorro García, los perredistas Francisco Javier Castellón y Carlos Sotelo, los panistas Federico Döring y Beatriz Zavala, el petista Ricardo Monreal y la pevemista Ludivina Menchaca.

A seis meses de que se enviaron las conclusiones del grupo de trabajo del Senado a Calderón no se tiene respuesta oficial, y lo que se sabe, refirió Döring, es que dentro del gobierno no hay consenso sobre el ACTA.

Por otra parte, el Senado realizará foros públicos en febrero próximo para discutir la reglamentación de Internet.

En esos encuentros se debatirán las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y a artículos de la Ley de Propiedad Industrial que Döring propuso el 15 de diciembre.

En su iniciativa, el panista resalta que el vacío legal existente en México en relación con el entorno digital ha causado repercusiones en los derechos de diferentes sectores de la sociedad.

El perjuicio más evidente es la violación de derechos de autor, afirma.

Cita estudios, como el de la empresa Ipsos Media CT, que apunta que “de 30 millones de usuarios mexicanos en la red, 26 millones descargan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor.

“Al año se descargan sin autorización de los titulares de derechos de autor más de 5 mil 788 millones de canciones, 648 millones de videos musicales, 96 millones de películas, 28 millones de series de televisión, 88 millones de e-books y mil 702 millones de imágenes.”

Propone sanciones que van de tres a 20 mil días de salario mínimo a quien copie de manera ilegal fonogramas, videogramas o libros para su comercialización.

Döring manifestó que vía Twitter ha recibido criticas a esa iniciativa. Cuestionan, sostuvo el panista, “una iniciativa que ni siquiera conocen, que no han leído, porque refieren una serie de imprecisiones. Mi propuesta no tiene nada que ver con el ACTA ni con SOPA –iniciativa estadunidense–; en ninguna parte menciono que sean encarcelados quienes abren páginas con contenido ilegal en la red. Tampoco señalo que se cancelen los correos electrónicos de las personas que abren ese tipo de páginas”.

Agregó que su proyecto intenta inhibir las conductas ilegales de realizar descargas de contenidos en el entorno digital sin contar con autorización de los titulares de los derechos respectivos.