La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco que permite revocar el mandato de los miembros de un ayuntamiento por incapacidad permanente física o mental. Al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra dicha disposición, por considerar que viola el derecho a la igualdad de las personas, los ministros de la Corte consideraron que la norma no es discriminatoria, ya que la revocación del mandato sólo es en aquellos casos en que el servidor público presente una incapacidad física o mental permanente.