El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, designó a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez comisario de fuerza civil, policía acreditable del estado, que entró en operaciones el 14 de septiembre pasado para tratar de hacer frente a la infiltración del narcotráfico en las corporaciones policiacas y enfrentar de manera más eficaz a la delincuencia.

Fuerza civil, que se creó como parte de los compromisos que suscribió el gobierno estatal dentro de la Alianza por la Seguridad, está conformada hasta ahora por dos unidades de 422 efectivos cada una, que según el mandatario fueron seleccionados por su honestidad y capacidad. Todos tienen grados académicos a partir de preparatoria y hasta licenciatura.

Para formar parte de la nueva corporación los elegidos fueron sujetos a evaluaciones de control de confianza, pruebas sicométricas, toxicológicas, médicas y socioeconómicas. Su capacitación en áreas de inteligencia, análisis táctico y reacción estuvo a cargo de especialistas en colaboración con la iniciativa privada, universidades locales y el Ejército.

Desde marzo del año pasado, Gallo Gutiérrez –originario de Jalisco y con 18 años de carrera en el área de seguridad– ocupaba el puesto de comisario del Centro de Coordinación Integral, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5) del estado, cargo que asumió después de haber quedado vacante a raíz de la ejecución del entonces titular del organismo, Homero Salcido Treviño.

Mientras tanto, José Luis Márquez, policía de Apodaca, denunció haber sido golpeado y torturado por militares que lo detuvieron el miércoles, luego de que los soldados apoyaron en la aplicación de exámenes antidopaje a los más de 300 oficiales y empleados administrativos de la secretaría de seguridad pública municipal.

El alcalde Benito Caballero dijo que apoyará en su denuncia al uniformado, ya que tiene un expediente limpio en 15 años de servicios.

En este contexto, debido a que Nuevo León es una de las entidades donde más ocurren casos de desaparición forzada de personas, Amnistía Internacional (AI) instó al Congreso local a reformar el Código Penal de la entidad, a fin de tipificar como delito grave, y sin derecho a fianza, la desaparición forzada.

En el vecino estado de Tamaulipas, este jueves, en un acto privado, se graduaron los primeros 109 policías estatales formados en el Instituto de Reclutamiento y Formación Policial. Integrarán la nueva policía estatal, que según la Secretaria de Seguridad Pública de la entidad garantizarán un trabajo eficiente. Fueron sometidos a los exámenes más severos de confianza, informó la dependencia.

Por otra parte, este jueves rindieron declaración preparatoria los cuatro policías municipales de la ciudad de Zacatecas incriminados en la desaparición y probable homicidio de Osvaldo García Íñiguez, inspector de circulación regional del periódico El Financiero, así como del chofer de esa empresa José de Jesús Ortiz Parra.